Juan Carlos
Balderas C.
Vocero
estatal del Movimiento Antorchista
El título de esta
colaboración corresponde al aumento al salario mínimo en la zona “B”, en la que
está incluido todo el territorio de Sinaloa. A partir del 1 de enero de 2014, en
esta zona, el salario pasó de 61.38 pesos diarios a 63.77. Apenas un 3.9% mientras
la canasta básica alcanzó en agosto de 2013 un aumento del 4.81% respecto a
diciembre de 2012 y al aumento al salario mínimo. Esa diferencia de casi un
punto (.9%) en la relación entre estos los factores salario y precios, hace que
el aumento real para 2014 sea de sólo el 3%. Y eso si tomamos en cuenta el
aumento a los precios sólo hasta el mes de referencia, sin considerar la
variación a la alza que pudo obtener en el tercer cuatrimestre del año pasado.
La decisión del porcentaje
de aumento al salario recae en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos
(Conasami), un organismo oficial integrado por 11 representantes del sector empresarial,
además de 11 representantes sindicales y un representante del gobierno, quien
preside la Comisión. De los líderes sindicales tradicionales todos conocemos su
condición de servidores de la clase patronal a cambio de prebendas particulares,
por eso no esperamos que haya un debate auténtico al momento de decidir el
aumento, las razones de la clase trabajadora simplemente no son tomadas en
cuenta en esa Comisión. Pero extraña que, por un lado, en el discurso del
gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto el combate a la pobreza se exprese como
una prioridad de su administración, mientras que por otro las acciones no
correspondan a ese llamado nacional contra esa condición “lamentable, dolorosa
y lacerante en que vive 1 de cada 4 mexicanos”, según palabras del propio
mandatario.
El Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala en el
documento Metodología para la medición de la pobreza multidimensional en
México, que “una persona se
encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado
el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para
adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades”.
Lo que quiere decir que la pobreza en
México se debe a dos cosas: a que un gran porcentaje de la población no tiene
acceso a los servicios elementales (agua
potable, energía eléctrica y drenaje), servicios de salud, de educación, una
vivienda digna y garantías de seguridad como la jubilación. La otra razón son los bajos salarios que perciben los
trabajadores y que no alcanzan para sostener un hogar, para que el trabajador
del campo y la ciudad puedan alimentar a su familia, vestir, enviar a los hijos
a la escuela y curarse cuando están enfermos. El combate a la pobreza, si es verdadero, debería pasar por la solución
de raíz a esos dos grandes padecimientos.
No son pocas las
familias que apenas sobreviven con un salario mínimo. De acuerdo con un reporte
del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) del Instituto de
Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), 6 millones 250 mil trabajadores sobreviven con un salario mínimo y 11
millones 700 mil mexicanos perciben hasta 2 salarios. Sólo 1.7 por ciento de
los trabajadores de nuestro país, es decir, poco más de 2 millones 56 mil
personas, pueden adquirir la canasta básica, y en este porcentaje se incluye la
clase política, que son los empleados con los salarios más altos del país.
El Informe
universitario señala que “En 1982 los trabajadores podían comprar si querían,
51 kilos de tortillas con un salario mínimo, hoy solamente pueden
adquirir cinco kilogramos”, lo que nos revela el nivel de pérdida adquisitiva
en tres décadas. Finalmente, el estudio del CAM determina que el salario mínimo
debería ser de 189.7 pesos, para que una familia pudiera adquirir los alimentos
nutricionalmente recomendados para una dieta promedio, sin considerar gastos en
salud, transporte, educación y otros, como el impuesto predial, que apartir de
inicio de año aumentó un 4% en los 18 municipios de Sinaloa.
Si en las
estrategias para abatir la pobreza permanecen intactas las condiciones
socioeconómicas que la generan, si persisten los bajos salarios y la falta de
servicios que el Coneval señala como factores de la pobreza, de poco o nada
servirán acciones como la Cruzada Nacional contra el Hambre y todos los
programas que se establezcan se tornarían superficiales. Es necesario que la
política sea coherente, que el discurso y la acción se correspondan entre sí.
En todo caso es preferible que los que se dicen benefactores de palabra pero
opresores en la acción se quiten las máscaras. Y que se atengan a las
consecuencias.
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