Juan Carlos Balderas C.
Vocero estatal del Movimiento Antorchista
En una sociedad decadente, como la nuestra, los
principios humanistas cobran un significado de gran importancia. Valores tales
como la libertad, la justicia, la paz y todos aquellos que abogan por la
dignidad de las personas y con su relación hacia el entorno social y con la
naturaleza, son siempre bien recibidos por el género humano como las más altas
aspiraciones de la sociedad. Y se tornan más relevantes cuando son promovidas,
al menos en el discurso, por las autoridades, las cuales son concebidas por los
ciudadanos como principales obstáculos para obtener esos mismos valores; por
ello se entiende que las declaraciones del alcalde de Culiacán, Sergio Torres
Félix, acerca de su decisión de prohibir los circos que utilizan animales en
sus espectáculos en la demarcación que él gobierna, hayan sido de relevancia
nacional. ¿Quién, con el mínimo de cordura, se opondría a una decisión humanista
de una autoridad, que expresa lo más elevado de la ética?
La actitud del
alcalde ha sido criticada por Ignacio Niebla Aispuro, presidente del comité
municipal Partido Acción Nacional, con el argumento del “daño económico” que
esto ocasionaría, las consabidas “pérdidas” para el Ayuntamiento al no recaudar
el coste de los permisos para espectáculos con animales. Y por supuesto,
tampoco están de acuerdo los dueños de los circos Rolex, Internacional y el de
los Hermanos Fuentes Gasca, apelando a certificados expedidos por autoridades
federales, en los cuales se hace constar que no hay maltrato en las bestias que
utilizan estas empresas circenses.
Culiacán no es la
primera ciudad del país que haya implementado esta medida. En el municipio de
Naucalpan, Estado de México, apenas unos días antes de las declaraciones de
Sergio Torres, el cabildo de ese lugar aprobó en el Bando de Policía y Buen
Gobierno, el artículo 67 Bis, que a la letra señala: “Queda prohibida la celebración y realización de espectáculos circenses
públicos o privados en los cuales se utilicen animales vivos sea
cual sea su especie, con fines de explotación, exposición y/o participación”. Y Casi dos meses antes, el 6 de diciembre de 2013, el Congreso del
Estado de Querétaro reformó el artículo 84 bis de la Ley de Protección Animal
para aquella entidad, en los cual se establece que “queda prohibida la
celebración y realización de espectáculos circenses públicos o privados en los
cuales se utilicen animales vivos, sea cual sea su especie, con fines de
explotación, exposición, exhibición o participación”. Y en julio de 2012, el
municipio de Zapopan, Jalisco, se convirtió en el primero en contar con una
reglamentación que prohíbe la utilización de animales en espectáculos de circo.
Hasta aquí los antecedentes.
Desde mi modesto
punto de vista, esta visión es positiva por dos cosas. La primera es la que se
desprende directamente, que es una política oficial de respeto por el entorno
de los seres humanos, respeto a la vida de los animales y con ello crear una
conciencia colectiva que vaya en ese sentido, lo que a la postre nos evitará
ver en televisión o en internet las desagradables noticias de niños o jóvenes
que torturan gatos, perros u otras especies, con la saña característica de la
delincuencia organizada. De alguna manera debe contribuir para que se erradique
esa crueldad de algunos “humanos” hacia los animales y también aporta para que
esa violencia no se torne, más adelante, contra otros seres humanos.
La segunda tiene que
ver, precisamente, con esto último. Una política humanista, contra el maltrato
de animales, debe ser, congruentemente aplicada, también hacia las personas. La
consecuencia lógica de esa visión del alcalde Sergio Torres Félix, debe ser la
aplicación, hasta donde esté al alcance de su administración, de programas que
permitan que las personas más necesitadas no padezcan ese maltrato y esa
discriminación, antihumanas, que son la miseria y la desatención del gobierno.
Los salarios en las
fábricas y en los campos agrícolas son más ofensivos que un circo. Cierto que
esto puede estar fuera de las posibilidades de un gobierno municipal, por más
humanista que sea, pero hay colonias con más de 30 años de existencia que, en
su mayor parte, están sin pavimentar. Basta darse una vuelta por las colonias
Buenos Aires, República Mexicana, Simón Bolivar, Lázaro Cárdenas, CNOP,
Huizaches, Toledo Corro, Francisco Alarcón, Francisco Labastida, 8 de febrero,
Miguel de La Madrid, Renato Vega, Progreso, Lomas de San Isidro, tan sólo por
citar algunas del sur de la capital sinaloense, para darse cuenta de las
condiciones en las que viven miles de familias. ¿Eso no se cataloga como
maltrato y discriminación?
Creo que esa declaración
obliga al alcalde a ser consecuente y atender, como se debe, los problemas del
municipio que están en sus manos, si es que no quiere quedar como un mentiroso
más, de los que sobran en las administraciones públicas.