El interminable viacrucis de los campesinos ante la SEDATU

Pergentino Cortés Girón

Dirigente estatal del Movimiento Antorchista en Sinaloa

Han pasado 98 largos años desde aquel 6 de Enero de 1915, en que Venustiano Carranza, entonces Presidente de México, promulgo en el Puerto de Veracruz la Primera Ley Agraria, producto de la presión del campesinado zapatista que exigía el reparto de los latifundios y la restitución de la tierras a las comunidades indígenas que desde la conquista española venían siendo despojados, y a la fecha, nuestros campesinos siguen yendo y viniendo a las oficinas de la Secretaria de Reforma Agraria (SRA) ahora Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), para pedir solución a viejos conflictos agrarios generados por diversas causas: resoluciones presidenciales de dotación de ejidos de más de 50 años, que nunca fueron ejecutadas; de sobreposición de resoluciones que afectan a dos o más ejidos; o bien resoluciones de los Tribunales Agrarios que fueron emitidas no para hacer verdadera justicia, sino para satisfacer intereses de grupos caciquiles regionales.

Como ejemplo del primer caso está el Poblado Nueva Unión en el Estado de Tamaulipas, que tiene una Resolución Presidencial emitida en el año de 1981, que los dota de 2 mil 630 hectáreas, de las cuales no se ha ejecutado ninguna. En Sinaloa, los poblados Borabampo, La Misión y Tesila, los tres del municipio de El Fuerte, desde 1968 vienen sosteniendo un conflicto intercomunitario por mil 230 hectáreas, producto de resoluciones presidenciales sobrepuestas. El caso más grave, producto de la mala impartición de justicia de los Tribunales Agrarios, es el conflicto de la comunidad indígena mixteca de Yosoñama, con su similar de San Juan Mixtepec, generado por la mala decisión del Tribunal Unitario Agrario de Huajuapan de León, Oaxaca, que legalizó el despojo de tierras a Yosoñama, cuyos campesinos por más de 100 años han estado posesionados de las tierras; esta mala decisión ha derivado en los asesinatos de varios campesinos de Yosoñama y el de Miguel Cruz José, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Antorchista. Hasta hoy, ni el gobierno del Estado de Oaxaca ni el Gobierno Federal, han tomado en serio este gravísimo caso para encontrar una solución satisfactoria a ambas comunidades. Caso similar es el de los campesinos popolocas del Ejido Palomas del municipio de Soteapan, Veracruz, quienes desde 1973 fueron dotados de 657 hectáreas, pero mediante sentencia del Tribunal Unitario Agrario de San Andrés Tuxtla, emitida 30 años después de su dotación y posesión, los condenan a devolver 237 hectáreas a un supuesto propietario.

Estos casos y muchos más en Chiapas, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí y otros estados, evidencian el martirio que sufren campesinos humildes de todo el país por burocratismo y malas decisiones de las autoridades agrarias. Lo grave es que el desdén por estos asuntos persiste en la SEDATU. La falta de disposición a atender la legítima exigencia de justicia agraria que persistió durante doce años de gobiernos panistas - tal vez porque vieron la oportunidad de vengarse de los hijos de Zapata, quienes en la Revolución Mexicana exigieron la terminación de los latifundios, muchos de ellos en manos de familias caciquiles emparentadas con los dirigentes del panismo- continua hoy que nuevamente el PRI gobierna en el país. No se ve que sea una prioridad de la política social del gobierno del Lic. Enrique Peña Nieto dar solución definitiva a todos los conflictos agrarios en el país, al menos eso se deja sentir por la actitud de los funcionarios de la SEDATU, con los cuales la Comisión Nacional Campesina del Movimiento Antorchista, encabezada por el Profesor Eleusis Córdova Morán, se ha reunido hasta hoy con muy poco resultado. Urge que el señor Presidente de la República tome nota de esta situación y autorice recursos económicos suficientes para poner fin a los conflictos agrarios que hoy aquejan a miles de campesinos. Los antorchistas de México confiamos que el mandatario sabrá responder a esa una deuda histórica del gobierno mexicano con un sector de la población menos favorecida, de no ser así, al menos los campesinos antorchistas estarán 

listos para luchar a fondo hasta encontrar soluciones a los conflictos agrarios que viven.