Juan Carlos
Balderas C.
Vocero
estatal del Movimiento Antorchista
El concepto
“negligencia” se usa para determinar – casi siempre en casos médicos- cierta
omisión voluntaria por descuido en la actividad profesional, acto que tiene
consecuencias negativas para quien recibe la atención. Pero la definición encaja perfectamente para
dibujar el contorno de muchas deficiencias que se padecen en el ejercicio de
responsabilidades públicas. Tal es el caso concreto de la educación, que es un
asunto en el cual a nivel nacional existe un gran rezago y una mala calidad que
se explican, precisamente por la inacción deliberada de quienes tienen a su
cargo la obligación de impulsar mejorías en ese ámbito.
En el caso concreto
de Sinaloa, el rezago, según cifras oficiales, es de casi el 20% de la
población. La entidad registró el penúltimo lugar nacional en la prueba enlace
2012 y basta mirar superficialmente las gráficas estadísticas de la misma para
darse cuenta que, a mayor grado de escolaridad –en educación básica- mayor es
el índice de reprobación. En primaria, por ejemplo, la modalidad de escuelas de
Conafe registraron un 86.3% en el nivel
de insuficiente y elemental; las escuelas indígenas un 84.2% y las primarias
generales un 61.4%. Gracias a que en
primarias particulares la insuficiencia se reduce a un 30.9%, al globalizar, estos rubros promedian 59.1%,
aunque esta cifra no es representativa de la realidad, pues no se toma en
cuenta la población escolar en cada una de esas modalidades.
¿Por qué es tanta la
diferencia de aprovechamiento en la educación particular? ¿Son mejores
maestros? ¿Son alumnos con mayor capacidad? Creo que la respuesta se asoma más
bien por el aspecto de las condiciones que tiene cada niño o adolescente para
estudiar, tanto en la escuela como fuera de ella. El entorno social que tiene
cada estudiante determinará en gran medida su nivel de rendimiento escolar: su
alimentación, las condiciones de su vivienda, la distancia que recorre para
llegar a la escuela, el vehículo en el que se traslada, son sólo algunos
factores que hacen diferencia y que las autoridades educativas pudieran
concebir como “externas” o independientes del alcance de sus facultades. Pero
lo que no pueden eludir es el aspecto interno de la educación, que va desde la
infraestructura de cada plantel y pasa por el salario que reciben los docentes
y la creación de nuevos planteles, sin restricción, de acuerdo a las
necesidades.
Un diario de
circulación estatal publicó recientemente las declaraciones del doctor
Francisco Frías Castro, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura
en las que, palabras más, palabras menos, sostiene que la educación debe ser la
respuesta a los problemas que reflejan una degradación social. Y la cifra de
analfabetismo que proporcionó es muy alta: 700 mil personas en Sinaloa no saben
leer ni escribir. (El Debate, 18 de mayo de 2013).
Es decir, hay
conciencia del problema, pero falta consecuencia de las autoridades para
atenderlo en la medida de las posibilidades reales de sus respectivos cargos.
Para muestra, un
botón: Desde hace varios años, estudiantes y maestros de la preparatoria Felipe
Bachomo, ubicada en la localidad de Charay, municipio de El Fuerte, han
solicitado a esa dependencia la construcción de un aula; los padres de familia
de la colonia Ferrusquilla, al extremo norte de la ciudad de Los Mochis, tienen
funcionando un jardín de niños que no ha sido reconocido por las autoridades,
toda vez que el plantel más cercano dista unos 2 kilómetros y al cual los niños
se tienen que trasladar a pie; en la comunidad de León Fonseca, municipio de
Guasave, se ha solicitado la instalación de una subestación eléctrica, que
permita que el sistema de ventilación en el plantel pueda funcionar; los padres
de familia de la colonia Unión Antorchista, de la capital del estado, solicitan
la fundación de un jardín de niños y una escuela primaria, toda vez que se
justifica en cuanto a la distancia de los planteles más cercanos y en el número
de niños que se beneficiarían con estas escuelas; finalmente, también en
Culiacán, la Preparatoria Rafael Ramírez, ubicada en una zona de alta
marginación, la colonia Los Huizaches, requiere de la instalación de una
subestación eléctrica, que soporte el uso de computadoras, pues esta carencia limita
el funcionamiento de las máquinas y del sistema de aire acondicionado en las
aulas.
La respuesta hasta
ahora es la apatía oficial. Estas necesidades elementalísimas y nada onerosas
no pueden ser atendidas, por los funcionarios encargados. Y eso que existen
minutas de compromiso y en algunas, la palabra empeñada del propio titular de
la SEPyC.
Con esa actitud
hacia lo que debiera ser su trabajo no extrañan las cifras de Enlace. Urge que
el gobernador Mario López Valdez tome medidas.
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