Resulta
incomprensible que, a pesar de que cada día se publican datos reveladores sobre
la realidad de nuestro país y más concretamente de la actual situación de
Sinaloa, existan funcionarios de gobierno que se indignen ante los reclamos
sociales, producto de esa misma realidad que pone a grandes sectores de la
población en una situación desesperante.
Datos como el que
recientemente presentó la ONU, en relación a que el 60% de la población
campesina del país vive en extrema pobreza, o la ofensiva cifra de que 2
millones, 150 mil sinaloenses viven en la pobreza, deberían implicar una serie
de medidas oficiales para combatir la injusticia que se expresa en esos números,
pero solamente se advierte pasividad y hasta indiferencia de los encargados de
atender los rezagos sociales.
Para ningún
funcionario de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa
(CEAPAS) es desconocido, por ejemplo, que en cientos de comunidades indígenas
del norte de nuestro estado se padece la falta de agua potable, miles de
jornaleros sobreviven casi milagrosamente sin ese elemento mínimo
indispensable, no sólo para que la tierra produzca, sino para la propia
existencia del ser humano. Ante la gestoría del Movimiento Antorchista para que
el Gobierno del Estado atienda esta demanda, importante por lo que representa
el vital líquido, pero además por la magnitud y lo apremiante de esa necesidad.
La respuesta de los funcionarios es insultante: “ya mandamos una pipa”.
Las autoridades de
la Secretaría de Educación Pública y Cultura están enteradas de la existencia
de escuelas que trabajan en condiciones paupérrimas, con aulas de lámina de
cartón y madera, como la Preparatoria Rafael Ramírez, de la colonia Huizaches,
o planteles que no cuentan con electricidad, como la Praparatoria Felipe
Bachomo, ubicada en la comunidad indígena de Charay, en el municipio de El
Fuerte. O la necesidad de maestros en planteles de educación primaria, como la
escuela Sor Juana Inés de la Cruz, del Ejido Huizaches. El lema
gubernamental “más educación” son sólo
palabras huecas si no se corresponde con
acciones concretas para resolver este tipo de problemas.
Hay más ejemplos
de inactividad oficial, si no en todas, al menos en la mayoría de las
dependencias que fueron creadas para atender y resolver los problemas relativos
a la pobreza. Pero el caso más grave es el del Instituto de Vivienda del Estado
de Sinaloa (INVIES) cuya existencia, si no es en la nómina, no se justifica en
la administración que encabeza Mario López Valdez. La productividad de esta
dependencia en números reales, transcurridos 16
meses de “trabajo”- es decir, en su función de crear las condiciones
para que los sinaloenses que, por su estatus económico, no tienen acceso a
créditos para hacerse de un patrimonio, puedan
hacerlo con el apoyo de esta dependencia- es prácticamente nulo.
Son esas
circunstancias las que orillan a la gente a la exigencia mediante la protesta
pública, pues es la única arma con la que cuenta el pueblo pobre. No hay más
motivos que buscar un mejor nivel de vida. Tras una marcha está la mujer que
tiene que caminar varios kilómetros con su hijo enfermo hasta el poblado
próximo porque en el suyo no hay un centro de salud; está también la sed de
cientos de habitantes que reciben residuos tóxicos en sus redes públicas en
lugar de agua potable; la insalubridad en que viven pueblos enteros por no
contar con el básico servicio de drenaje en pleno siglo XXI; el hacinamiento de
familias que viven en un cuartito de lámina de cartón, con la incertidumbre de
no saber si resistirá los temporales de este año; está el hambre de cientos, de
miles de jornaleros que no tienen como ganarse el sustento de ellos y de sus
familias porque en sus lugares de origen no hay empleo, ya no digamos bien
remunerado, sino al menos seguro durante todo el año… están, en resumen, la
pobreza y la injusticia.
La imagen de un
gobernante sensible, cercano a la gente, no se expresa exclusivamente en el simple diálogo o en
promesas vanas, sino en su capacidad de resolver problemas concretos, con
soluciones tangibles que beneficien al mayor número posible de personas,
especialmente de los que menos tienen, lo que implica en el caso de Sinaloa, un
cambio de actitud de los responsables de las dependencias arriba señaladas en
particular, y en general de todo el aparato estatal. El gobernador Mario López
Valdez tiene la palabra.
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