Un panorama negro se avecina para a los pobres
de México debido a las consecuencias de las bajas temperaturas que se registraron
en los últimos días de 2011 y en los primeros días del presente año, en varios
estados del país y que afectaron la
producción de maíz y frijol. El paisaje
de miles de hectáreas de cosechas “quemadas” por el frío trae consigo la
pérdida inmediata del empleo de miles de jornaleros agrícolas en el estado
productor de alimentos más importante del país. En Sinaloa, la afectación fue a
unas 13 mil hectáreas sembradas, más concretamente en los municipios del norte
de la entidad: El Fuerte, Choix, Ahome, Guasave y Sinaloa de Leyva, pero
además, en Sinaloa se dejarán sin sembrar 100 mil hectáreas de maíz en el ciclo
otoño invierno, que se traducirán en más carestía y más desempleo.
El cuadro es todavía más oscuro, cuando vemos
que todos los niveles de gobierno quedan rebasados por el problema. Como
antecedente que demuestra esto están las insuficientes acciones realizadas
tanto por el gobierno federal como estatal el año pasado, cuando se perdió gran
parte de la producción por las heladas de febrero: El Programa de Empleo
Temporal Emergente (PETE), aplicado por la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), no respondió a la realidad de Sinaloa, que requería este apoyo para
al menos 400 mil jornaleros. En teoría, sólo se benefició a 175 mil. Y digo en
teoría porque recibí testimonios de la mala aplicación de esos recursos a favor
de personas que directamente no tienen nada que ver con el campo o la
producción. También recibí quejas de que tales recursos fueron dirigidos muchas
veces a los dueños de las empresas agrícolas, con lo que deberían pagar tres
semanas de “jornales” (término que se aplicó para no denominarlo como salario),
pero al final, los trabajadores sólo recibieron lo correspondiente al apoyo de
dos semanas, habiendo trabajado tres. Es decir, se utilizaron recursos para
apoyar a empresarios que no tuvieron pérdidas y que además se quedaron
descaradamente con al menos una tercera parte del apoyo que debía ser destinado
a los jornaleros, un robo descarado.
En resumen, ni la federación ni el estado han
demostrado capacidad para atender el problema concreto de los jornaleros, que
es la falta de empleo, y tampoco garantizan honradez en el manejo de los
recursos.
Lo más grave que, ante la eminente caída de la
producción de los dos principales alimentos de los mexicanos (entre 30 y 50 por
ciento, según estimaciones oficiales) los precios de estos se elevarán
considerablemente. El primer golpe fue casi inmediato: el aumento del precio
del kilo de tortilla de 13 a 14 pesos (hasta 17 pesos en algunos estados del
país, precio que se traduce en más de una cuarta parte del salario mínimo) y el
frijol de 20 hasta los 28 pesos por kilo. Y apenas es el comienzo de la
escalada, ya que, ante la escases que se prevé por la sequía y la eminente
exportación del grano, los grandes productores nacionales de maíz están
buscando el aumento del precio en más de mil pesos por tonelada, aumento que,
aunado al incremento de los precios de los combustibles generará necesariamente
una nueva alza a la tortilla.
Es necesario que se apliquen cambios de fondo
en la política económica del país, no solamente medidas temporales con efecto
de mejoralito como Procampo o el Oportunidades, sino con la inyección de
recursos al campo, en proyectos productivos con recursos y asesorías, que se generen
más empleos y bien pagados, que se desarrolle la infraestructura en las
comunidades. Urge activar la economía del campo, si no queremos ver
reproducidas por todo el país las condiciones de miseria y hambruna que parecen los habitantes de la Sierra Tarahumara.
No hay comentarios:
Publicar un comentario