Mucha gente
pensó que a partir del uno de enero del año pasado, fecha en que Mario López
Valdez asumió la gubernatura de Sinaloa, las cosas iban a ser mejores. Durante
su campaña, el ex alcalde de Ahome y ex Senador de la República, hizo promesas
que atrajeron la simpatía del electorado, por su justeza incuestionable y por
las necesidades específicas del estado. Pero una vez más, el dedo con atole.
Hay una
falta de correspondencia entre las promesas de aquellos días y las acciones de
hoy en que la pobreza en la entidad rebasa, según cifras oficiales, el millón de seres humanos –aunque
otros estudios indican que son más de 2 millones 150 mil sinaloenses pobres-.
Como botón
de muestra, la paciente espera de maestros, estudiantes, solicitantes de
vivienda, habitantes de colonias populares y campesinos pobres de los
municipios de Culiacán, Guasave, Mocorito, Choix, Ahome y el Fuerte, agrupados
en el Movimiento Antorchista, quienes, desde el inicio de la actual
administración estatal, han solicitado una audiencia con el mandatario para que
se solucionen viejos problemas de obras y servicios, sin embargo, hasta el
momento no han recibido siquiera la posibilidad de la entrevista.
Se trata de
peticiones elementales y nada onerosas, como la compra de terrenos para que 400
familias de Culiacán, Guasave y Los Mochis, puedan contar con una vivienda
propia. Esta petición no tiene un costo para el erario, ya que se trata de
créditos que los beneficiarios pagan a través de programas del Instituto
Estatal de Vivienda.
Se pide
también que se realicen obras de electrificación en dos preparatorias de
Culiacán y El Fuerte, que en conjunto alojan a más de 700 estudiantes. Muchos
de ellos aún toman clases en aulas provisionales de lámina y madera, otros tienen
que soportar las elevadas temperaturas que en días de verano llegan a superar
los 50 grados Celsius.
En ambos
casos, las obras requieren solamente de dos cosas: una pequeñísima inversión
para instalar transformadores que soporten la carga eléctrica propia de una
escuela y la voluntad de los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública
y Cultura para resolver el problema. Nada más.
Una de las
dos variables que en los estudios –oficiales e independientes- determinan el
aspecto cuantitativo de la pobreza es la cantidad de carencias que padecen los
ciudadanos en lo que se refiere a salud, educación, seguridad, vivienda y
servicios básicos (agua potable, drenaje, pavimentación, electricidad). A esto
se enfocan las peticiones para que el gobierno del estado realice obras de
infraestructura en colonias populares y comunidades rurales e indígenas.
¿Qué le
queda a la gente por hacer ante su condición de desposeído, sin un techo donde
alojar a su familia, o sin agua, o con agua pestilente y contaminada como la
que sale de las tomas domiciliarias en comunidades de El Fuerte, Guasave y
Mocorito? ¿Qué les queda por hacer a los que tienen años padeciendo rezagos
sociales por mala atención de gobiernos mediocres? La única arma que tiene el
pueblo es la protesta pública. Por eso, y después de innumerables gestiones,
pláticas y citas con funcionarios sin que se den visos de solución, los antorchistas
de Sinaloa mantenemos un plantón desde el pasado día 16 de febrero, a las
afueras del Palacio de Gobierno, para exigir que se resuelvan nuestros
problemas.
La medición
de la eficacia de un gobierno de cualquier nivel, está en la solución de este
tipo de problemas, que son los que más afectan a los ciudadanos. Un gobierno
sensible e inteligente estaría enfocado a mejorar el nivel de vida de quienes
menos tienen, sobre todo al conocer las estadísticas de pobreza. Urgen
soluciones, pero el gobierno de Mario López Valdez, a 14 meses de haber
iniciado, todavía no empieza a resolver nada.
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