En Sinaloa se requiere una política de vivienda a favor de los trabajadores

Juan Carlos Balderas C.

*Vocero estatal del Movimiento Antorchista en Sinaloa

“Voy a cumplirle a los sinaloenses”, “No más casas de cartón”, “Mi gobierno va a ofrecer vivienda digna a la población de más escasos recursos económicos”. Son algunas de las frases utilizadas por el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, durante su campaña electoral. En el papel, estos compromisos hablan de cierta sensibilidad del mandatario ante uno de los problemas que más aquejan a los habitantes de las ciudades de Sinaloa: la falta de vivienda.

Los datos parecieran no ser mayúsculos si nos constreñimos a revisar superficialmente los datos recientemente dados a conocer del Censo 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). De acuerdo a esto, en Sinaloa hay 2 millones 767 mil 761 habitantes y 713 mil 296 viviendas habitadas, es decir, un 3.8 de promedio de habitantes por vivienda. Sin embargo, el verdadero rezago se percibe en el hacinamiento. Familias que viven en casas de uno o dos cuartos, es decir, que utilizan los mismos espacios para dormitorio, cocina, sala y en muchos casos también como baño. Más de 145 mil viviendas, es decir, el 20 por ciento del total de viviendas de la entidad, padecen esta situación. Y qué decir de la falta de servicios. Como ejemplo, el mismo INEGI nos da el dato de que en Sinaloa hay poco más de 52 mil viviendas con piso de tierra.

Son más reveladores los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que define a la  pobreza de patrimonio como la población que cuenta con el ingreso suficiente para cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, educación y salud, pero que no les permite adquirir los mínimos aceptables de vivienda, vestido, calzado y transporte, para cada uno de los miembros del hogar. Al 2008, el 44.2% de la población del estado (1 millón 152 mil 087 habitantes) se enlistaba en este aspecto de la pobreza. De acuerdo a los mismos datos, en general, en los 18 municipios de Sinaloa, la pobreza de patrimonio es superior al 31%. En 5 municipios (Cosalá, Sinaloa de Leyva, Mazatlán, El Rosario y Choix) se presentan casos extremos con índices mayores al 65%. Curiosamente, los últimos dos mandatarios estatales son originarios de dos de estos municipios.

CONEVAL también revela que en Sinaloa hay 390 mil personas con rezago en la calidad y espacios de vivienda, que representan el 14.6 por ciento, además de 440 mil personas que carecen de servicios básicos (electricidad, agua potable, drenaje), lo que representa un 16.5 de los sinaloenses. Partiendo de esa realidad, la promesa del gobernador Mario López Valdez para dignificar la vivienda  y “cumplirles a los sinaloenses” implicará un esfuerzo extraordinario de recursos durante los 6 años de su gestión, y una voluntad inquebrantable para mantener esa política.

Pero, como muchas veces ocurre, algunos integrantes del gabinete no orientan sus acciones en el sentido que lo indica el jefe del ejecutivo, y en ocasiones hasta lo contradicen. Ejemplo de esto es el incumplimiento que han padecido 300 familias antorchistas quienes, desde el 2007 han solicitado al Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa (INVIES) que los incluya en sus programas de créditos blandos para la compra de lotes en las ciudades de Culiacán y Los Mochis. La demanda no ha prosperado por falta de voluntad de los funcionarios. Es cierto que esto involucra más tiempo a quienes fueron los anteriores directores del INVIES, con el gobierno de Jesús Aguilar Padilla. Pero el titular en la presente administración, Jaime Romero Barrera, lejos de atender el compromiso con la responsabilidad del cargo que ostenta y como representante del gobierno estatal, sólo ha dado largas a los solicitantes y hasta ha negado la existencia de recursos ya destinados para adquirir un predio al sur de la capital del estado.

¿Por qué aún con el compromiso del gobernador de trabajar para una mejoría sustancial en materia de vivienda, no se cumple este compromiso, que además no implica una inversión onerosa, sino más bien modesta?. Desde mi punto de vista, se trata de la falta de una política de vivienda que considere a los trabajadores, a los obreros, a las madres solteras, a los empleados de esas tiendas comerciales donde los salarios son bajísimos y no alcanzan para pagar una casa de interés social, como es la propuesta del gobierno para abatir este rezago.

Tampoco será posible resolver el problema si hay falta de voluntad, como es el caso del director del INVIES. Es necesario que se lleven a cabo medidas factibles, a las que los auténticos trabajadores de escasos recursos puedan tener acceso. Esa es la forma en que el gobernador podrá cumplir su palabra.