Marco Antonio Lázaro Cano*
Dirigente estatal de Antorcha Campesina
Al momento de escribir estas líneas, cumplen trece días en plantón frente al palacio del gobierno del estado solicitantes de vivienda, colonos, campesinos y estudiantes de los municipios de Culiacán y de Ahome, organizados en el Movimiento Antorchista, en demanda de que se cumplan compromisos firmados, de puño y letra, por titulares de las dependencias de gobierno. Día y noche permanece una comisión que oscila entre 50 y 100 ciudadanos en la explanada del palacio de gobierno en espera de que se resuelva su demanda.
A trece días de que se instaló el plantón, luego de realizar dos marchas por las calles de la ciudad, ningún funcionario, de los encargados de atender a la ciudadanía, se ha tomado la molestia de llamar a los peticionarios a sentarse a la mesa del diálogo; los humildes sinaloenses en plantón son para el gobierno estatal auténticos convidados de piedra, cuya voz y cuyos reclamos no se escuchan en el interior de las oficinas de los funcionarios; más aún, una entrevista, ya ofrecida, con la presencia de los titulares de las áreas involucradas en la problemática, fue cancelada, según se supo extraoficialmente porque la condición para llevar a cabo dicha entrevista era “que no se hiciera marcha ni plantón”. Los derechos de petición y de audiencia condicionados por los encargados de aplicar la ley.
Los funcionarios del gobierno reviven las prácticas de los tiempos de Moctezuma II, en las cuales para que un súbdito del gran emperador pudiera hablar con él, tenía primero que reverenciarlo y pronunciar las palabras, mi señor, gran señor; o las de los virreyes de la colonia para quienes el pueblo sólo tenía tres derechos: ver, oír y callar. Y las reviven en tiempos en que, según nuestros gobernantes, vivimos en la más consecuente democracia. ¿Será?
¿Cuáles son los reclamos que tanto irritan a los funcionarios, provocándoles urticaria? Son tres: entrega del subsidio ya vencido a la Casa del Estudiante “Salvador Alvarado”, construcción de aulas en la Preparatoria Rafael Ramírez, y entrega de 300 solares para vivienda a igual número de familias sin techo. En todos los casos se trata de compromisos aceptados plenamente por el gobierno y, en los dos últimos, de compromisos firmados desde 2008 y 2007 respectivamente por los titulares de las dependencias correspondientes.
Hago esta aclaración por si alguien pensase que se están haciendo peticiones a destiempo o que se trata simplemente de afearle el tramo final de su administración al Sr. Gobernador del Estado. Ninguna de las dos cosas, ha habido paciencia y gestiones sin fin antes de llegar al plantón y éste se instaló ante el peligro más que inminente de que se concluya la administración y se deje burlados a los más débiles, como ocurre casi siempre.
Dos cosas más. He de reconocer, en honor a la verdad que, aunque no ha habido diálogo, dos dependencias respondieron a los móviles del plantón con prontitud y con hechos crasos: se inició ya la construcción de las aulas en la Preparatoria y se entregó el subsidio adeudado a la casa del estudiante, lo cual muestra a los encargados de esta áreas como gente sensible y preocupada por resolver los problemas.
No ha ocurrido así en lo que hace a los solares para vivienda, tema en el que la dependencia no hace ninguna propuesta. En aras a que el problema se resuelva, desde antes de instalar el plantón, los peticionarios limitaron su requerimiento a los puros enganches para adquirir los terrenos en breña para su lotificación, comprometiéndose los solicitantes, como siempre lo han hecho, a aportar la diferencia para cerrar los tratos. Mediante éste esquema la acción gubernamental que se reclama tendría un costo de 3 millones de pesos, aproximadamente.
He aquí la “enorme” cantidad de recursos públicos que demandan los desposeídos al gobierno del Lic. Jesús Aguilar Padilla. Ante esto, surge obligada la pregunta: ¿no se les resuelve por falta de dinero o por razones estrictamente políticas, para castigar a los insumisos? En los pasillos del palacio de gobierno corre el rumor de que dinero sí hay para atender la demanda, ¿Quién, entonces, en el gobierno estatal, se ha convertido en el inquisidor oficioso, presto a castigar a quienes se atreven a ejercer valientemente sus derechos ciudadanos? No lo sé.
Pero sé que en el Lic. Jesús Aguilar Padilla, Gobernador de nuestro estado, está la solución definitiva a este problema. Y que, en anteriores ocasiones, cuando los humildes organizados en Antorcha se han encontrado en trances similares, han acudido con él y ha intervenido con energía para dar solución. Por ello, en esta ocasión, concluyo esta colaboración con un llamado a que intervenga y genere la solución que esperan los sinaloenses pobres que han confiado en su gobierno. El Sr. Gobernador tiene la palabra.
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