El discurso de la incongruencia

Juan Carlos Balderas C.

Vocero Estatal de Antorcha

Siempre que un funcionario de cualquier nivel de gobierno se refiere públicamente al tema de la educación, habla de su importancia como detonador del desarrollo y el crecimiento económico del país, de la estrecha relación que existe entre estos dos conceptos para superar el “status” de pobreza, es decir, como un instrumento fundamental de superación personal y colectiva. “Si invertimos en educación, invertimos en el futuro de México”, dice la frase presidencial en uno de los spots de televisión alusivos al tercer informe de gobierno. De esa premisa debería desprenderse en la práctica, por parte de las autoridades, una serie de acciones congruentes con tal discurso, una política educativa que privilegiara a quienes menos tienen. Pero la realidad es muy diferente.

Con la crisis económica se han revelado datos indignantes sobre la pobreza en México, que rebasa los 50 millones de personas, aunque datos no oficiales señalan que en realidad 75 % de los mexicanos vive en esa condición, unos 85 millones de seres humanos. En Sinaloa las estadísticas no son más optimistas. Según un estudio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (Conacyt) el 19% de la población del estado se encuentra en situación de pobreza alimentaria, el 28% de los sinaloenses padece pobreza de capacidades y el 49% de la población de la entidad se encuentra en pobreza de patrimonio.

¿Cómo se explica que en una entidad en la que se produce tanta riqueza, exista tal cantidad de pobres? La respuesta sólo puede ser que esa riqueza está mal distribuida, que la genera una gran mayoría, pero solamente una minoría la que la que la acapara y la disfruta, lo mismo que en el resto del país.

Y precisamente, una de las formas de percibir la pobreza es el bajo nivel de educación que hay en el país. Según afirmaciones del director de delegaciones del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Héctor Rivera López, hay 33 millones de mexicanos mayores de 15 años que tienen algún nivel de rezago educativo, no saben leer o escribir o no tienen la primaria ni la secundaria. De ellos, la mitad son hombres que acceden a trabajos poco remunerados y que implican un desgaste físico (campesinos, albañiles y pescadores). Otro porcentaje son indígenas.

En la actualidad hay 1.3 millones de indígenas entre seis y 14 años de edad. De ellos, 16.43 por ciento no asiste a la escuela. En Sinaloa el dato es que el 61% de los niños indígenas no estudian la primaria.

Datos del Conteo de Población 2005 que realiza el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) revelan que en la entidad hay más de 155 mil personas mayores de 6 años que no saben leer ni escribir. Los mayores rezagos se concentran en los niveles educativos que son decisivos para superar la pobreza, es decir la enseñanza media superior y superior, donde los niveles de segregación racial y económica son más amplios.

De una población de un millón 746 mil personas mayores de 15 años en Sinaloa, más de un millón no ingresaron a bachillerato, es decir, el 57 por ciento.

Todas estas cifras no son más que la evidencia de la indiferencia oficial para atender de manera seria el problema. Pero más allá de los números, hay casos en que la desatención es verdaderamente vergonzante. Para muestra, un botón: la escuela preparatoria Rafael Ramírez, formada hace 8 años por un grupo de profesionales en la colonia Los Huizaches. Desde su inicio se han llevado clases en aulas de lámina, espacios por demás inadecuados, y ni hablar de contar con laboratorios o espacios cívicos. Sólo la buena voluntad de quienes la atienden es lo que la ha mantenido, ya que desde su fundación se ha gestionado ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) la construcción de aulas, laboratorios, en fin, lo necesario para que se pueda impartir educación de calidad a los más de 450 alumnos en ese “cinturón de marginación” reconocido así por la administración municipal y el gobierno del estado.

Como toda respuesta a la gestión, se han recibido respuestas como que “ya está programada la obra”, “falta liberar los recursos”, pero pasan los meses, los años y la aspiración de los estudiantes de contar con un plantel digno se posterga una y otra vez.

Esa es la forma en que el gobierno del estado asume la idea de la educación y el desarrollo. Es el discurso de la incongruencia.