En la economía capitalista, llamada eufemísticamente, “de mercado” o de “libre empresa”, las crisis económicas sumen en el más profundo desamparo a los sectores más pobres de la población y, en contrapartida, incrementan las fortunas de los más acaudalados para quienes -y así lo pregonan- las crisis son en realidad oportunidades. Si alguien lo duda, revise, sólo como ejemplo, como incrementaron sus fortunas los diez hombres más ricos de México en el año 2009, cuando por efecto de la crisis mundial la economía mexicana decreció severamente en más de 6 puntos porcentuales.
Esta verdad general conocida desde hace mucho tiempo, vuelve a hacerse presente con motivo de la helada que azotó a Sinaloa en el mes de febrero, afectando al 90% de los cultivos en la entidad. Los agricultores más fuertes, verdaderos capitalistas del campo, los cuales, gracias a la concentración de la tierra, a la disponibilidad de agua, al uso de tecnología de punta y, principalmente, a la explotación de mano de obra baratísima, han alcanzado niveles de producción similares a los que se dan en los Estados Unidos, decidieron volver a sembrar confiando en obtener buenas utilidades, por la sobredemanda que se espera, respecto a la oferta, y así lo hicieron. Hoy se habla de más de 270 mil hectáreas resembradas, tan sólo en lo que respecta a maíz.
Los gobiernos federal y estatal se atribuyen el mérito de esa resiembra, pero los agricultores han manifestado una y otra vez que los gobiernos no los han “rescatado” y que el apoyo ofrecido por el presidente Calderón en sus visitas a Sinaloa, se redujo a poner en ejecución los programas que ya existían o a ofertar financiamientos, que por serlo se van a pagar, sin que haya un verdadero rescate como los que ha llevado a cabo el estado mexicano con respecto a los grandes banqueros, industriales y comerciantes (remember Comercial Mexicana hace algunos años, por mencionar el más reciente). Tan es así que esos agricultores tienen puesto un ultimátum al gobernador Mario López Valdez para que se logre el rescate del orden de los 10,000 millones de pesos de parte del gobierno federal para aplicarse en Sinaloa. Ya efectuaron una primera movilización al palacio de gobierno estatal, a bordo de tractores y maquinaria, y amagan con cerrar autopistas, tomar casetas y aeropuertos. Pueden hacerlo, pueden formar varios centenares de tractores, maquinaria y hasta avionetas, si así lo deciden.
¿Qué ocurre, mientras tanto con la otra cara de la moneda, con los jornaleros y los pobres del campo? Para ellos el “apoyo” ya se acabó. Eso sí, se entregó con bombo y platillo, “un programa sin precedentes a una velocidad sin precedentes”, declaró, palabras más o menos, el Secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, por cierto, próspero empresario sinaloense. ¿En qué consistió? Por parte del Fondo Nacional para los Desastres Naturales (FONDEN), llegaron a algunos hogares pobres, cobijas (casi transparentes, según dice la gente), y despensas (no para todas, para algunas familias). Pero el programa estelar fue el Programa de Empleo Temporal Emergente (PETE). Según la SEDESOL existen en Sinaloa 200 mil jornaleros agrícolas, universo que pretendía cubrir, de los cuales a más de 170,000 les entregaron un apoyo en efectivo de 1,680 pesos, por 3 semanas de empleo temporal. Para la SEDESOL el programa ya concluyó, el apoyo fue por una sola vez y ya no hay más. Todo debe volver a la normalidad.
Lo primero que no aceptamos, es el número: el de 200 mil puede acercarse al de los jornaleros migrantes (su propio carácter de huestes trashumantes hace difícil tener una estadística exacta, más aún si consideramos que en la gran mayoría de los campos agrícolas no los afilian al seguro social), pero a ellos habrá que sumar los jornaleros locales -hay en Sinaloa pueblos, comunidades enteras de jornaleros, que trabajan en los campos de Sinaloa y Sonora (también afectada)-; sumar también los ejidatarios con tierras de temporal, que por serlo no siembran en esta temporada, sino que “se emplean”, como dicen ellos, de jornaleros; los ejidatarios, que teniendo parcelas de riego, las rentan a los capitalistas del campo (hasta por 5, 10 o 20 años) y se dedican a trabajar de jornaleros en su “propia” tierra, es decir, personas cuyo status jurídico es de ejidatario o pequeño propietario, pero cuyo rol económico es el de jornalero y, finalmente, a las comunidades de pescadores, actividad que desde hace años va a la baja y que obliga a los pescadores a irse de peones agrícolas. Con ello, las estadísticas reales, si las hubiera, se elevarían considerablemente.
De los míseros ingresos del jornalero (900 pesos semanales, aproximadamente), depende una nube de vendedores de comida y de todo, pequeños comerciantes y pequeños prestadores de servicios. La afectación es, pues, en cadena. Para colmo de males, la declaración de los gobiernos, local y nacional, de que estaría garantizado el abasto de maíz y no subiría el precio de la tortilla, no se sostuvo ni mes y medio. El precio de la tortilla se ha disparado y lo más inteligente que se le ocurrió recomendar a la PROFECO en Sinaloa es que se compre la tortilla en los centros comerciales, porque es más barata. ¡Estos señores se imaginan a los hombres del campo, con carro a la puerta, viviendo a diez minutos del centro comercial! ¡Habrase visto semejante estulticia! La verdadera realidad de los jornaleros y de los pobres del campo en Sinaloa es el desempleo, el hambre, la ruina y la desesperación. ¡Pero el gobierno federal ya cumplió!
Está la esperanza de que los agricultores consigan los 10,000 millones de pesos para el rescate del campo sinaloense, pensarán algunos. Pero, si así fuera, ¿permearán esos recursos a las capas más desprotegidas de la población? Decenas de años tenemos los trabajadores esperando que la enorme riqueza que se produce en el país se filtre hacia esas capas, pero los vasos capilares están sellados y solo hinchan a los de arriba.
¿Qué le queda pues al jornalero migrante y al sinaloense ante este sombrío panorama? Organizarse y luchar. Unirse y alzar la voz. En lo inmediato, exigirle al gobierno federal un programa integral que aminore en algo el brutal efecto depauperizador de la helada. Y, como paso siguiente, organizarse como lo que son, el sector del proletariado nacional más numeroso, (entre 3.5 y 5 millones según cifras conservadoras) pero, al mismo tiempo, el que tiene peores condiciones de trabajo, para exigir que por las vías económicas ordinarias, se mejore el mecanismo de distribución de la riqueza por excelencia, es decir, el salario y las prestaciones de los trabajadores.
Es necesario que en Sinaloa, como en México entero, el éxito económico de los grandes empresarios esté basado en la eficiencia y competitividad económicas, como ocurre en los países de capitalismo desarrollado, y no en el aniquilamiento y la degradación física e intelectual de los trabajadores, resultado de mantenerlos en el umbral de la supervivencia, y aún esto a costa de matarse en el trabajo la familia entera del jornalero.
Pero esta no es tarea de los gobiernos que tenemos, ni de los empresarios. Esta es tarea urgente de los propios trabajadores y de sus aliados naturales, las clases medias y los intelectuales sensibles al sufrimiento del pueblo. Pongamos manos a la obra, porque hace mucho ya que se hizo tarde.
