Sergio Torres y el humanismo consecuente

Juan Carlos Balderas C.

Vocero estatal del Movimiento Antorchista

En una sociedad decadente, como la nuestra, los principios humanistas cobran un significado de gran importancia. Valores tales como la libertad, la justicia, la paz y todos aquellos que abogan por la dignidad de las personas y con su relación hacia el entorno social y con la naturaleza, son siempre bien recibidos por el género humano como las más altas aspiraciones de la sociedad. Y se tornan más relevantes cuando son promovidas, al menos en el discurso, por las autoridades, las cuales son concebidas por los ciudadanos como principales obstáculos para obtener esos mismos valores; por ello se entiende que las declaraciones del alcalde de Culiacán, Sergio Torres Félix, acerca de su decisión de prohibir los circos que utilizan animales en sus espectáculos en la demarcación que él gobierna, hayan sido de relevancia nacional. ¿Quién, con el mínimo de cordura, se opondría a una decisión humanista de una autoridad, que expresa lo más elevado de la ética?

La actitud del alcalde ha sido criticada por Ignacio Niebla Aispuro, presidente del comité municipal Partido Acción Nacional, con el argumento del “daño económico” que esto ocasionaría, las consabidas “pérdidas” para el Ayuntamiento al no recaudar el coste de los permisos para espectáculos con animales. Y por supuesto, tampoco están de acuerdo los dueños de los circos Rolex, Internacional y el de los Hermanos Fuentes Gasca, apelando a certificados expedidos por autoridades federales, en los cuales se hace constar que no hay maltrato en las bestias que utilizan estas empresas circenses.

Culiacán no es la primera ciudad del país que haya implementado esta medida. En el municipio de Naucalpan, Estado de México, apenas unos días antes de las declaraciones de Sergio Torres, el cabildo de ese lugar aprobó en el Bando de Policía y Buen Gobierno, el artículo 67 Bis, que a la letra señala: “Queda prohibida la celebración y realización de espectáculos circenses públicos o privados en los cuales se utilicen animales vivos sea cual sea su especie, con fines de explotación, exposición y/o participación”. Y Casi dos meses antes, el 6 de diciembre de 2013, el Congreso del Estado de Querétaro reformó el artículo 84 bis de la Ley de Protección Animal para aquella entidad, en los cual se establece que “queda prohibida la celebración y realización de espectáculos circenses públicos o privados en los cuales se utilicen animales vivos, sea cual sea su especie, con fines de explotación, exposición, exhibición o participación”. Y en julio de 2012, el municipio de Zapopan, Jalisco, se convirtió en el primero en contar con una reglamentación que prohíbe la utilización de animales en espectáculos de circo. Hasta aquí los antecedentes.

Desde mi modesto punto de vista, esta visión es positiva por dos cosas. La primera es la que se desprende directamente, que es una política oficial de respeto por el entorno de los seres humanos, respeto a la vida de los animales y con ello crear una conciencia colectiva que vaya en ese sentido, lo que a la postre nos evitará ver en televisión o en internet las desagradables noticias de niños o jóvenes que torturan gatos, perros u otras especies, con la saña característica de la delincuencia organizada. De alguna manera debe contribuir para que se erradique esa crueldad de algunos “humanos” hacia los animales y también aporta para que esa violencia no se torne, más adelante, contra otros seres humanos.

La segunda tiene que ver, precisamente, con esto último. Una política humanista, contra el maltrato de animales, debe ser, congruentemente aplicada, también hacia las personas. La consecuencia lógica de esa visión del alcalde Sergio Torres Félix, debe ser la aplicación, hasta donde esté al alcance de su administración, de programas que permitan que las personas más necesitadas no padezcan ese maltrato y esa discriminación, antihumanas, que son la miseria y la desatención del gobierno.

Los salarios en las fábricas y en los campos agrícolas son más ofensivos que un circo. Cierto que esto puede estar fuera de las posibilidades de un gobierno municipal, por más humanista que sea, pero hay colonias con más de 30 años de existencia que, en su mayor parte, están sin pavimentar. Basta darse una vuelta por las colonias Buenos Aires, República Mexicana, Simón Bolivar, Lázaro Cárdenas, CNOP, Huizaches, Toledo Corro, Francisco Alarcón, Francisco Labastida, 8 de febrero, Miguel de La Madrid, Renato Vega, Progreso, Lomas de San Isidro, tan sólo por citar algunas del sur de la capital sinaloense, para darse cuenta de las condiciones en las que viven miles de familias. ¿Eso no se cataloga como maltrato y discriminación?

Creo que esa declaración obliga al alcalde a ser consecuente y atender, como se debe, los problemas del municipio que están en sus manos, si es que no quiere quedar como un mentiroso más, de los que sobran en las administraciones públicas.

Dos pesos y treinta y nueve centavos

Juan Carlos Balderas C.

Vocero estatal del Movimiento Antorchista

El título de esta colaboración corresponde al aumento al salario mínimo en la zona “B”, en la que está incluido todo el territorio de Sinaloa. A partir del 1 de enero de 2014, en esta zona, el salario pasó de 61.38 pesos diarios a 63.77. Apenas un 3.9% mientras la canasta básica alcanzó en agosto de 2013 un aumento del 4.81% respecto a diciembre de 2012 y al aumento al salario mínimo. Esa diferencia de casi un punto (.9%) en la relación entre estos los factores salario y precios, hace que el aumento real para 2014 sea de sólo el 3%. Y eso si tomamos en cuenta el aumento a los precios sólo hasta el mes de referencia, sin considerar la variación a la alza que pudo obtener en el tercer cuatrimestre del año pasado.

La decisión del porcentaje de aumento al salario recae en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), un organismo oficial integrado por 11 representantes del sector empresarial, además de 11 representantes sindicales y un representante del gobierno, quien preside la Comisión. De los líderes sindicales tradicionales todos conocemos su condición de servidores de la clase patronal a cambio de prebendas particulares, por eso no esperamos que haya un debate auténtico al momento de decidir el aumento, las razones de la clase trabajadora simplemente no son tomadas en cuenta en esa Comisión. Pero extraña que, por un lado, en el discurso del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto el combate a la pobreza se exprese como una prioridad de su administración, mientras que por otro las acciones no correspondan a ese llamado nacional contra esa condición “lamentable, dolorosa y lacerante en que vive 1 de cada 4 mexicanos”, según palabras del propio mandatario.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala en el documento Metodología para la medición de la pobreza multidimensional en México, que “una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades”.  Lo que quiere decir que la pobreza en México se debe a dos cosas: a que un gran porcentaje de la población no tiene acceso a los servicios elementales (agua potable, energía eléctrica y drenaje), servicios de salud, de educación, una vivienda digna y garantías de seguridad como la jubilación. La otra razón son los bajos salarios que perciben los trabajadores y que no alcanzan para sostener un hogar, para que el trabajador del campo y la ciudad puedan alimentar a su familia, vestir, enviar a los hijos a la escuela y curarse cuando están enfermos. El combate a la pobreza, si es verdadero, debería pasar por la solución de raíz a esos dos grandes padecimientos.

No son pocas las familias que apenas sobreviven con un salario mínimo. De acuerdo con un reporte del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 6 millones 250 mil trabajadores sobreviven con un salario mínimo y 11 millones 700 mil mexicanos perciben hasta 2 salarios. Sólo 1.7 por ciento de los trabajadores de nuestro país, es decir, poco más de 2 millones 56 mil personas, pueden adquirir la canasta básica, y en este porcentaje se incluye la clase política, que son los empleados con los salarios más altos del país.

El Informe universitario señala que “En 1982 los trabajadores podían comprar si querían, 51 kilos de tortillas con un salario mínimo, hoy solamente pueden adquirir cinco kilogramos”, lo que nos revela el nivel de pérdida adquisitiva en tres décadas. Finalmente, el estudio del CAM determina que el salario mínimo debería ser de 189.7 pesos, para que una familia pudiera adquirir los alimentos nutricionalmente recomendados para una dieta promedio, sin considerar gastos en salud, transporte, educación y otros, como el impuesto predial, que apartir de inicio de año aumentó un 4% en los 18 municipios de Sinaloa.

Si en las estrategias para abatir la pobreza permanecen intactas las condiciones socioeconómicas que la generan, si persisten los bajos salarios y la falta de servicios que el Coneval señala como factores de la pobreza, de poco o nada servirán acciones como la Cruzada Nacional contra el Hambre y todos los programas que se establezcan se tornarían superficiales. Es necesario que la política sea coherente, que el discurso y la acción se correspondan entre sí. En todo caso es preferible que los que se dicen benefactores de palabra pero opresores en la acción se quiten las máscaras. Y que se atengan a las consecuencias.

Derechos Humanos, ficción para los pobres

Juan Carlos Balderas C

Encargado de Prensa del Movimiento Antorchista en Sinaloa

A pesar de las 180 recomendaciones hechas al Estado mexicano por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas durante el examen periódico universal que recién realizó nuestro país en Suiza, sede de ese organismo internacional, -las cuales son referentes a temas como la tortura, la violencia policiaca y abusos de las fuerzas del Estado, entre otras- lo cierto es que el mayor número de violaciones a estas garantías se encuentran en aspectos más cotidianos y por tanto, afectan a un número mucho mayor de personas, en los cuales poco discurren los organismos defensores de tales Derechos Humanos.

Más allá de los casos de actuación injusta de las autoridades respecto al trato que se le da a un presunto delincuente, o de la creación de leyes para “garantizar la seguridad de los periodistas”, la búsqueda de la dignidad de los seres humanos, en todo el planeta, debe pasar por la satisfacción de sus necesidades materiales, que en los lugares que habitan no falten servicios básicos, educación, salud, trabajo digno y remunerado, y en general, todo aquello que permita a las personas un modo de vida digno, como la verdadera forma de asegurar que las personas tengan garantizado el pleno ejercicio de sus derechos elementales.

¿Qué Estado es capaz de asegurar que procura la dignidad humana de sus habitantes, cuando es noticia reciente una mujer teniendo un hijo en el patio de un hospital oaxaqueño, por falta de atención médica? O más reciente, el caso del jornalero chihuahuense que permaneció grave durante cinco días afuera de un hospital en Guaymas, Sonora -en el cuál le negaron la atención médica por falta de dinero- quien finalmente falleció a consecuencia de una lesión en su trabajo como recolector de sandías que le causaba intensos dolores de espalda, de la severa desnutrición que padecía y de esa negligencia contraria al juramento hipocrático.

¿Cómo hablar de dignidad en un país con 7 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan por falta de oportunidades? Y ni hablar de los 28 millones de seres humanos pobres en México que no tienen ni siquiera garantizado lo más indispensable para sobrevivir, que es la alimentación.

El Estado de México es quizá el más ejemplificador de esa ficción oficial de la procuración de bienestar. Ahí existe un gobernante que reprime políticamente a quienes se atreven a exigirle obra social para, precisamente, subir apenas un pequeño escalón en su nivel de vida. Ahí mismo se encubre con descaro a una poderosa mafia que asesinó a 6 humildes transportistas y a su abogado por pretender independizarse y crear un patrimonio seguro para sus familias. En ese estado es posible que ocurra el secuestro del padre de una alcaldesa y de cientos de ciudadanos sin que la autoridad mueva un dedo para encontrar a los responsables. Ahí también existen los más altos índices de feminicidios y de delincuencia en general; además se concentra al mayor número de pobres en el país, y no sólo eso, ahí también es donde más se ha acrecentado el nivel de pobreza. Los pobres en el Estado de México cada vez son más y su pobreza es mayor.

Es paradójico que ese estado haya sido gobernado apenas el sexenio pasado por quien ahora es Presidente de la República.

Si la pobreza es lo contrario de lo que buscan garantizar los Derechos Humanos, es decir, si la pobreza es la negación de tales derechos, podemos deducir que entre mayor sea la pobreza, menor es el ejercicio del derecho que todos los seres humanos tenemos a vivir con dignidad y esto último se puede definir como la síntesis de los derechos sociales, políticos y económicos de las personas.

Ningún ombudsman, ningún organismo de Derechos Humanos ha volteado sus ojos al Estado de México. Pareciera que su labor de garantía y defensa se constriñe a lo mediático, a lo que los propios gobiernos dictan, lo que pervierte los nobles objetivos que deberían abrazar tales “organismos no gubernamentales” por lo que, al no velar por ese flagelo que es la pobreza, los convierte en cómplices de quienes violentan a la humanidad.

En Los Mochis, bailar es un delito

“Háganle como quieran, pero si siguen con su baile nos los vamos a llevar detenidos”, fue la amenaza de un agente de la policía municipal de Ahome a un grupo de estudiantes de la Preparatoria Felipe Bachomo, de la localidad indígena de Charay, en el municipio de El Fuerte, que se encontraban haciendo una exhibición de sus cuadros de baile folclórico en el crucero del Boulevard Centenario y Antonio Rosales, en la ciudad de Los Mochis.

Cuatro policías y dos funcionarios que viajaban en una patrulla y un vehículo oficial, con el logotipo del Ayuntamiento ahomense, pretendían detener a los bailarines indicándoles que “eso es un delito”. No les importó que los jóvenes se identificaran como estudiantes y que se les explicara que se trataba de una actividad cultural con el propósito de solicitar la cooperación de los transeúntes para beneficio de la misma actividad del grupo, que ha representado a Sinaloa en eventos nacionales y que también se presenta en distintas comunidades de Sinaloa, con el único objetivo de llevar la cultura a los más pobres. Por el contrario, las credenciales que los identificaban como alumnos de una escuela del municipio de El Fuerte fueron un motivo más para la agresión. “No pueden hacer eso y menos porque no son de aquí”, les dijeron como manifiesta expresión de discriminación. Ya no se puede circular con libertad por el municipio de Ahome.

El pretexto legal fue el Bando de Policía y Gobierno, que cualquier persona puede revisar en el sitio de internet de ese Ayuntamiento y constatar que en ninguno de sus artículos menciona la realización de actividades culturales en espacios públicos como falta a este reglamento. Por el contrario, en su artículo 21 señala como valores que deben regir en la convivencia ciudadana el respeto a las garantías constitucionales, además del respeto a la vida digna; el respeto a los derechos humanos; la búsqueda de la igualdad material; la libertad; el respeto mutuo; el respeto por las diferencias y la diversidad; la solidaridad y otros, que los policías y funcionarios sí trasgreden al abusar de las personas, como en este caso.

Pareciera una queja exagerada, pues finalmente los jóvenes inteligentemente optaron por retirarse, pero es grave que en pleno siglo XXI haya autoridades que en su mente conservan resquicios de la Edad Media, que se pasen por el arco del triunfo el derecho de manifestación pública y pacífica y quieran imponer su ley con amenazas. Seguramente el alcalde Zenén Xóchihua Enciso desconoce este tipo de abusos de su policía y de sus funcionarios hacia las personas más humildes. ¿Se portarán igual con los poderosos

Negligencia educativa

Juan Carlos Balderas C.

Vocero estatal del Movimiento Antorchista

El concepto “negligencia” se usa para determinar – casi siempre en casos médicos- cierta omisión voluntaria por descuido en la actividad profesional, acto que tiene consecuencias negativas para quien recibe la atención.  Pero la definición encaja perfectamente para dibujar el contorno de muchas deficiencias que se padecen en el ejercicio de responsabilidades públicas. Tal es el caso concreto de la educación, que es un asunto en el cual a nivel nacional existe un gran rezago y una mala calidad que se explican, precisamente por la inacción deliberada de quienes tienen a su cargo la obligación de impulsar mejorías en ese ámbito.

En el caso concreto de Sinaloa, el rezago, según cifras oficiales, es de casi el 20% de la población. La entidad registró el penúltimo lugar nacional en la prueba enlace 2012 y basta mirar superficialmente las gráficas estadísticas de la misma para darse cuenta que, a mayor grado de escolaridad –en educación básica- mayor es el índice de reprobación. En primaria, por ejemplo, la modalidad de escuelas de Conafe registraron  un 86.3% en el nivel de insuficiente y elemental; las escuelas indígenas un 84.2% y las primarias generales un 61.4%.  Gracias a que en primarias particulares la insuficiencia se reduce a un 30.9%,  al globalizar, estos rubros promedian 59.1%, aunque esta cifra no es representativa de la realidad, pues no se toma en cuenta la población escolar en cada una de esas modalidades.

¿Por qué es tanta la diferencia de aprovechamiento en la educación particular? ¿Son mejores maestros? ¿Son alumnos con mayor capacidad? Creo que la respuesta se asoma más bien por el aspecto de las condiciones que tiene cada niño o adolescente para estudiar, tanto en la escuela como fuera de ella. El entorno social que tiene cada estudiante determinará en gran medida su nivel de rendimiento escolar: su alimentación, las condiciones de su vivienda, la distancia que recorre para llegar a la escuela, el vehículo en el que se traslada, son sólo algunos factores que hacen diferencia y que las autoridades educativas pudieran concebir como “externas” o independientes del alcance de sus facultades. Pero lo que no pueden eludir es el aspecto interno de la educación, que va desde la infraestructura de cada plantel y pasa por el salario que reciben los docentes y la creación de nuevos planteles, sin restricción, de acuerdo a las necesidades.

Un diario de circulación estatal publicó recientemente las declaraciones del doctor Francisco Frías Castro, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en las que, palabras más, palabras menos, sostiene que la educación debe ser la respuesta a los problemas que reflejan una degradación social. Y la cifra de analfabetismo que proporcionó es muy alta: 700 mil personas en Sinaloa no saben leer ni escribir. (El Debate, 18 de mayo de 2013).

Es decir, hay conciencia del problema, pero falta consecuencia de las autoridades para atenderlo en la medida de las posibilidades reales de sus respectivos cargos.

Para muestra, un botón: Desde hace varios años, estudiantes y maestros de la preparatoria Felipe Bachomo, ubicada en la localidad de Charay, municipio de El Fuerte, han solicitado a esa dependencia la construcción de un aula; los padres de familia de la colonia Ferrusquilla, al extremo norte de la ciudad de Los Mochis, tienen funcionando un jardín de niños que no ha sido reconocido por las autoridades, toda vez que el plantel más cercano dista unos 2 kilómetros y al cual los niños se tienen que trasladar a pie; en la comunidad de León Fonseca, municipio de Guasave, se ha solicitado la instalación de una subestación eléctrica, que permita que el sistema de ventilación en el plantel pueda funcionar; los padres de familia de la colonia Unión Antorchista, de la capital del estado, solicitan la fundación de un jardín de niños y una escuela primaria, toda vez que se justifica en cuanto a la distancia de los planteles más cercanos y en el número de niños que se beneficiarían con estas escuelas; finalmente, también en Culiacán, la Preparatoria Rafael Ramírez, ubicada en una zona de alta marginación, la colonia Los Huizaches, requiere de la instalación de una subestación eléctrica, que soporte el uso de computadoras, pues esta carencia limita el funcionamiento de las máquinas y del sistema de aire acondicionado en las aulas.

La respuesta hasta ahora es la apatía oficial. Estas necesidades elementalísimas y nada onerosas no pueden ser atendidas, por los funcionarios encargados. Y eso que existen minutas de compromiso y en algunas, la palabra empeñada del propio titular de la SEPyC.

Con esa actitud hacia lo que debiera ser su trabajo no extrañan las cifras de Enlace. Urge que el gobernador Mario López Valdez tome medidas. 

Desastre en el agro: apatía oficial

Heladas, ya no tan átípicas, volvieron a siniestrar cultivos en Sinaloa. Este año, en la entidad resultaron afectadas 195 mil hectáreas, principalmente en los municipios de Choix, Ahome, El Fuerte, Guasave, Mocorito y Sinaloa de Leyva. Como consecuencia de esto, miles de jornaleros agrícolas y sus familias se quedaron sin sustento para lo más elemental de sus necesidades. No tienen ni siquiera para comprar comida y lo peor del asunto es que han quedado a la deriva sin que ninguna institución oficial les preste atención.

Han transcurrido casi tres meses desde que inició el nuevo gobierno de la república, encabezado  por Enrique Peña Nieto y aún no hay orden en las dependencias federales. En las delegaciones  estatales de varias de ellas siguen sin designarse los titulares, hay aún desconocimiento de las responsabilidades concretas que desempeñarán, lo que perjudica directamente a los ciudadanos en las necesidades más apremiantes y hasta urgentes.

En  las delegaciones de las dependencias como Sedesol, la cual sería la indicada para ejercer un plan de ayuda, hay un caos administrativo. Si bien aún no se define el alcance de sus funciones en la nueva administración federal, por lógica, las obligaciones que ya venía desempeñando deberían continuar vigentes. Estos tres meses han sido una especie de limbo en el que, los funcionarios tienen más interés por saber quién se queda, quién se va y los movimientos de una dependencia a otra.

Cuando el presidente Peña Nieto anunciaba con bombo y platillo la cruzada contra el hambre, en Sinaloa estaba ocurriendo esta tragedia, la cual ya no debería tomarnos por sorpresa, pues desde 2011 se han presentado fenómenos meteorológicos “atípicos” que año con año dañan los cultivos y año con año afectan a los productores y a los trabajadores del campo en general.

La gravedad del asunto debería llamar también a las instancias estatales a la solidaridad con quienes quedan desamparados. Pero los apoyos no existen, a pesar de haber sido solicitados por los afectados. La Secretaría de Desarrollo Social y Humano, cuyo titular es Juan Millán Pietsch, uno de los personajes que, desde ahora, se manejan para contender por la gubernatura de Sinaloa en 2016, no ha movido un dedo en el asunto.

Es necesario que los sectores afectados exijan a las instancias estatales y federales que se atienda esta contingencia y se prevengan posteriores. Que se evite burocracia y mal manejo de los recursos, como ha sucedido en años anteriores al grado de que aún hay agricultores que reclaman pagos de lo correspondiente a 2010.

Antorcha Campesina está levantando la mano en la legítima defensa de los jornaleros agrícolas y sus familias, no solamente de aquellos que están agremiados en sus filas, sino de todos aquellos que padecen el infortunio de la miseria y el olvido oficial. Antorcha no actúa con algún interés electoral o partidista, sino con la convicción de lograr una patria más justa y solidaria, como lo venimos haciendo a lo largo y ancho del país desde hace 39 años.

La lucha más firme, la de antorcha

No se puede hacer un balance integral del gobierno de Sinaloa durante el 2012 sin hablar de los casi 8 meses que el Movimiento Antorchista se mantuvo en plantón frente al Palacio de Gobierno. Dos terceras partes del año que significaron una lucha constante por parte de la organización que agrupa campesinos, colonos, amas de casa, estudiantes y maestros, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora a través de la solución a sus demandas más inmediatas.

Como consecuencia de la política estatal de falta de atención, varios sectores de la población recurrieron a la protesta pública para hacerse escuchar y pedir solución a distintos problemas. Tal es el caso de los transportistas de carga, conocidos como “gondoleros”, que en varias ocasiones se manifestaron con sus unidades alrededor del edificio de gobierno, pidiendo ser considerados con trabajo en las obras públicas; o como los comuneros desplazados de la Presa Picachos, de Mazatlán, que realizaron una marcha de protesta desde el puerto hasta la capital del estado para pedir transparencia en el manejo de las indeminizaciones por sus terrenos, proceso en el cual fue encarcelado sus líder, Atilano Tomán Tirado, y amenazados los manifestantes con vigilancia policiaca permanente desde el primer minuto en que llegaron – la  madrugada del 2 de abril- hasta que finalmente se retiraron, derrotados.

Hasta el gremio de los periodistas vivió momentos difíciles, cuando el gobernador los regañó ante el anuncio de que se manifestarían al cumplirse un año del asesinato del periodista Humberto Millán, en protesta de que, transcurrido ese lapso, no  había avances en la investigación por parte de las autoridades.

Y muchos otros sectores más que se manifestaron por soluciones a sus problemas de vivienda y otras necesidades que no se atendieron. El Palacio de Gobierno se convirtió, en este 2012 que fenece, en el centro de la manifestación pública, que a decir de muchos culiacanenses, “nunca se había visto tanta protesta en administraciones anteriores”.

La mayoría de esas luchas concluyeron en derrotas de los manifestantes, ya sea porque, a pesar de tales marchas o plantones, el status de sus demandas sigue igual por la negativa de la administración estatal; o bien, fueron reprimidas, como en el caso de los comuneros de la Presa Picachos, donde, lejos de atender los reclamos de justicia por el despojo de sus tierras sin indemnización de por medio, el Estado usó a la policía para amedrentar a los manifestantes, además, como ya dije antes, encarcelar a sus líderes, como si la lucha social fuese un crimen.

¿Por qué el gobierno entonces, sí resolvió las demandas de antorcha y se reprimió con el mismo descaro? (porque sí hubo represión, un amedrentamiento en formas que no implican cárcel o golpes físicos).  La respuesta está en la misma organización, en su fuerza nacional y en su liderazgo inteligente. A pesar de que hubo actos cuya intención era evidente para debilitar la fuerza de los manifestantes, estos se mantuvieron firmes, la fuerza que da la razón, la necesidad y el derecho de mejorar sus condiciones de vida fueron más poderosos que los cohetones que arrojaron a nuestro plantón, que la vigilancia policiaca a los dirigentes y que los atentados contra la integridad de los mismos y los vehículos propiedad de la organización. Pese a todo, Antorcha se mantuvo y finalmente resultó victoriosa.

Esto es, por sí mismo, una lección, tanto para los antorchistas como para el pueblo en general.  A los antorchistas nos convence de que ese es el camino correcto, de que la lucha organizada rinde frutos siempre y que nuestra fuerza reside en la cohesión de nuestros ideales y nuestras acciones conjuntas. Para el pueblo, la lucha antorchista debe verse como ejemplo y al mismo tiempo como una invitación a unirse a las filas de la organización más grande y más seria en la lucha de los que menos tienen: La organización de los Pobres de México, el Movimiento Antorchista.

Mover todo lo que se tenga que mover

Uno de los ejes en que se basará el gobierno de Enrique Peña Nieto es, según lo dijo en su primer discurso como mandatario, el combate a la pobreza. “Debemos combatir la pobreza y cerrar la brecha de desigualdad social que aún nos divide”, dijo ante representantes de gobiernos de diversos países que acudieron a la toma de posesión el 1 de diciembre.

El enfoque multidisciplinario que el Presidente le dará a esta importante cuestión involucra no sólo a los funcionarios que dependen directamente del gobierno federal, sino que hizo una convocatoria a todos los mexicanos para transformar al país que significa vencer los rezagos y “mover todo lo que se tenga que mover: la gente, la mentalidad, las instituciones”.

Pues bien, ante ese llamado, por elemental congruencia, los primeros que deberían actuar en consecuencia son los funcionarios de todos los niveles, emanados del partido que postuló al Presidente. Alcaldes, regidores, senadores, diputados y gobernadores de ese instituto político –pasando también por titulares de las dependencias estatales y municipales- tendrían que ser ejemplares ejecutores de la línea que ha trazado el mandatario.

Pero mal empezamos en Sinaloa si el alcaldes priista de Guasave, Ing. Ramón Barajas López, se ha negado a atender las peticiones de habitantes de colonias y comunidades organizadas en el Movimiento Antorchista.

Con maniobras y evasivas, el presidente municipal ha ignorado las necesidades de miles de sinaloenses que reclaman agua, drenaje, pavimento y otras necesidades que vendrían a mejorar sustancialmente el nivel de vida de quienes solicitan estas mejoras y de muchos otros que, aunque no pertenecen a los grupos antorchistas, se beneficiarían con tales obras.

Hay algunos casos de peticiones que se hicieron hace un año, sin que hasta la fecha haya avances. Tal es el caso de las obras de drenaje de la localidad El Zopilote o la pavimentación de calles y ampliación de red de agua potable en León Fonseca.

No estoy diciendo que esta intención de sacudir la forma de hacer política deba ser exclusiva de los funcionarios emanados del Revolucionario Institucional, sólo que ellos deben ser quienes pongan el ejemplo. Y por supuesto que un llamado como ese debe ser atendido por todas las fuerzas políticas del país.

Los antorchistas estamos de acuerdo con el Presidente de la República, es necesario mover, en el sentido de transformar, la mentalidad de quienes ostentan cualquier cargo público para atender, porque es urgente, los rezagos sociales. Es cierta la necesidad de mover las instituciones, para que la política deje de beneficiar a pequeñas mafias y tenga un carácter solidario que beneficie a quienes más lo necesitan. Pero sobre todo, es necesario “mover” el modo de distribución de la riqueza social, que es la raíz del problema que genera la pobreza, y para lograrlo, somos los primeros en pedir que se mueva lo que se tenga que mover.

Populismo y demagogia

Juan Carlos Balderas C.

Vocero de Antorcha en Sinaloa

Han transcurrido más de 130 días desde que los antorchistas de Sinaloa nos instalamos en plantón frente al palacio de gobierno, para exigir al gobierno de Mario López Valdez el cumplimiento de compromisos para atender peticiones de agua potable, de infraestructura educativa, y de vivienda.

Uno de los problemas más grandes de Sinaloa es, precisamente, la falta de vivienda. Según datos del Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en la entidad hay 713 mil 142 viviendas habitadas, que incluyen viviendas móviles, (como vagones de ferrocarril, por ejemplo), refugios y locales no construidos para habitación y por supuesto, las casas construidas con materiales de desecho o láminas de cartón; existen en el territorio del estado 709 mil 960 hogares, es decir que en la diferencia (3 mil 182 viviendas) habitan dos o más familias. El grado de hacinamiento se vuelve más grave si acercamos la lupa al número de viviendas con más de 3 habitantes que tienen un solo cuarto, que además utilizan como cocina.

Se acerca la fecha en que la administración estatal cumplirá dos años en funciones, ha transcurrido casi un tercio del mandato del “cambio” malovista y el más ambicioso de los programas anunciados desde la campaña, llamado fastuosamente “Cero viviendas de cartón” debería aproximarse también a una cifra similar, es decir, al 33% de avance. En el sitio web del gobierno de Sinaloa, se puede ver que este programa tiene un atraso equivalente a 17 meses de trabajo, de 20 que han transcurrido desde el inicio de la administración. La atención a esta demanda queda, como se ha demostrado, en demagogia llana.

Otro ejemplo de esa negligencia gubernamental es que hace un año ya que el Congreso del Estado autorizó al jefe del Ejecutivo estatal para que pudiese adquirir un crédito con cuatro instituciones bancarias por la cantidad de 2 mil 600 millones de pesos y a la fecha, no se ha ejercido un solo peso de lo destinado a deporte, y en salud y educación el gasto realizado es nimio.

Hay grandes carencias en el rubro educativo, que van desde la falta de espacios adecuados, hasta la necesidad de reinsertar un maestro en una escuela primaria donde la plantilla anterior era de dos profesores, y contradictoriamente al lema gubernamental de “Más educación”, fue retirada una plaza dejando solamente un profesor para atender a los seis grados académicos. Más demagogia.

Por otro lado, leemos en la prensa, un día sí y otro también, que el gobernador acudió a tal o cual evento y bailó música de banda con los asistentes; o como ocurrió hace unos días - ante la caída de su popularidad expuesta en algunos medios de comunicación- junto con algunos funcionarios visitó el populoso tianguis de la colonia Los Huizaches a darse “un baño de pueblo”, y regaló ristras de chorizo, algunos kilos de tomate, aguas frescas y helados a los transeúntes. La figura del gobernador, que debiera tener cierto grado de formalidad y sobriedad, se exhibe como si fuera un personaje de la farándula. Nada de esto soluciona los verdaderos problemas de los sinaloenses humildes, nada de ello mejora su nivel de vida.

En campaña, Mario López Valdez hizo la promesa de trabajar para llevar bienestar a los ciudadanos que menos tienen, pero hasta ahora solo han sido palabras vacías. Lo único que el pueblo de Sinaloa tiene claro es que tiene regulares dotes de bailarín, pero de estadista, nada. Si el gobernador quiere realmente contribuir para el progreso de las comunidades pobres de Sinaloa, todavía tiene un poco más de cuatro años para comenzar a trabajar verdaderamente y lograrlo, pero ese esfuerzo tiene que ser decidido y con auténtico compromiso, sin demagogia ni populismo.

El gobierno de Sinaloa debe resolver los problemas de los pobres

Resulta incomprensible que, a pesar de que cada día se publican datos reveladores sobre la realidad de nuestro país y más concretamente de la actual situación de Sinaloa, existan funcionarios de gobierno que se indignen ante los reclamos sociales, producto de esa misma realidad que pone a grandes sectores de la población en una situación desesperante.

Datos como el que recientemente presentó la ONU, en relación a que el 60% de la población campesina del país vive en extrema pobreza, o la ofensiva cifra de que 2 millones, 150 mil sinaloenses viven en la pobreza, deberían implicar una serie de medidas oficiales para combatir la injusticia que se expresa en esos números, pero solamente se advierte pasividad y hasta indiferencia de los encargados de atender los rezagos sociales.

Para ningún funcionario de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS) es desconocido, por ejemplo, que en cientos de comunidades indígenas del norte de nuestro estado se padece la falta de agua potable, miles de jornaleros sobreviven casi milagrosamente sin ese elemento mínimo indispensable, no sólo para que la tierra produzca, sino para la propia existencia del ser humano. Ante la gestoría del Movimiento Antorchista para que el Gobierno del Estado atienda esta demanda, importante por lo que representa el vital líquido, pero además por la magnitud y lo apremiante de esa necesidad. La respuesta de los funcionarios es insultante: “ya mandamos una pipa”.

Las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y Cultura están enteradas de la existencia de escuelas que trabajan en condiciones paupérrimas, con aulas de lámina de cartón y madera, como la Preparatoria Rafael Ramírez, de la colonia Huizaches, o planteles que no cuentan con electricidad, como la Praparatoria Felipe Bachomo, ubicada en la comunidad indígena de Charay, en el municipio de El Fuerte. O la necesidad de maestros en planteles de educación primaria, como la escuela Sor Juana Inés de la Cruz, del Ejido Huizaches. El lema gubernamental  “más educación” son sólo palabras huecas  si no se corresponde con acciones concretas para resolver este tipo de problemas.

Hay más ejemplos de inactividad oficial, si no en todas, al menos en la mayoría de las dependencias que fueron creadas para atender y resolver los problemas relativos a la pobreza. Pero el caso más grave es el del Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa (INVIES) cuya existencia, si no es en la nómina, no se justifica en la administración que encabeza Mario López Valdez. La productividad de esta dependencia en números reales, transcurridos 16  meses de “trabajo”- es decir, en su función de crear las condiciones para que los sinaloenses que, por su estatus económico, no tienen acceso a créditos para hacerse de un patrimonio, puedan  hacerlo con el apoyo de esta dependencia- es prácticamente nulo.

Son esas circunstancias las que orillan a la gente a la exigencia mediante la protesta pública, pues es la única arma con la que cuenta el pueblo pobre. No hay más motivos que buscar un mejor nivel de vida. Tras una marcha está la mujer que tiene que caminar varios kilómetros con su hijo enfermo hasta el poblado próximo porque en el suyo no hay un centro de salud; está también la sed de cientos de habitantes que reciben residuos tóxicos en sus redes públicas en lugar de agua potable; la insalubridad en que viven pueblos enteros por no contar con el básico servicio de drenaje en pleno siglo XXI; el hacinamiento de familias que viven en un cuartito de lámina de cartón, con la incertidumbre de no saber si resistirá los temporales de este año; está el hambre de cientos, de miles de jornaleros que no tienen como ganarse el sustento de ellos y de sus familias porque en sus lugares de origen no hay empleo, ya no digamos bien remunerado, sino al menos seguro durante todo el año… están, en resumen, la pobreza y la injusticia.

La imagen de un gobernante sensible, cercano a la gente, no se expresa  exclusivamente en el simple diálogo o en promesas vanas, sino en su capacidad de resolver problemas concretos, con soluciones tangibles que beneficien al mayor número posible de personas, especialmente de los que menos tienen, lo que implica en el caso de Sinaloa, un cambio de actitud de los responsables de las dependencias arriba señaladas en particular, y en general de todo el aparato estatal. El gobernador Mario López Valdez tiene la palabra.

Candidatos, por sus frutos los conocereis

Juan Carlos Balderas C.

Vocero estatal en Sinaloa

Más allá de la imagen mediática que nos presentan los spots en los medios de comunicación, a favor y en su contra, los tres principales candidatos a la Presidencia de la República cuentan con antecedentes públicos que nos pueden servir para juzgar su posible desempeño de llegar al máximo cargo de nuestro país.

Digo esto porque en los medios se proyecta una imagen parcial: la que el propio candidato y su partido desea difundir acerca de su candidato, o bien, como es el caso del spot promovido por el Partido Acción Nacional en contra de Peña Nieto, la imagen que sus enemigos desean que se forme en el público, con el propósito de desprestigiarlo, de restarle adeptos, esa llamada guerra sucia que tanto favoreció a Felipe Calderón hace seis años hasta lograr que su partido se reeligiera, a pesar del mal desempeño de su antecesor Vicente Fox Quezada.

La realidad inocultable de más de 80 millones de pobres en el país, (52 millones, según cifras oficiales, de todos modos una cantidad indignante),  pone en entredicho el mensaje promocional de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, quien aparece en su propaganda televisiva adjudicándose falsamente la creación del programa Oportunidades, que como todo el mundo sabe, fue iniciado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari con el nombre de Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), después llamado Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) y finalmente Oportunidades. Ese sería suficiente argumento para adjetivar su campaña mediática como engañosa. Pero hay más. Vázquez Mota utiliza la frase “un México diferente”, pero sus opiniones expresan la mayor afinidad a la política de Felipe Calderón: continuar la guerra contra el narcotráfico, tal como permanece hoy en día, lo cual se traduce en la continuidad de la ola de crímenes que ya alcanza la cifra de 60 mil.

El “candidato de las izquierdas”, Andrés Manuel López Obrador no se queda atrás. Una de las ideas principales de su campaña es el combate a la corrupción, misma que atribuye exclusivamente a “70 años de gobierno del PRI”, pero se omite intencionalmente el capítulo de los video escándalos protagonizados por quienes fueron colaboradores del ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, o el hecho de sellar -con ayuda de la Asamblea Legislativa del DF, de mayoría perredista- la información sobre la licitación y el costo del segundo piso del Periférico, en un plazo de 20 años, hecho que por sí mismo levanta suspicacia.

Ambos candidatos refuerzan sus discursos con presuntas acciones realizadas en las dos demandas principales de los mexicanos: el combate a la pobreza y la seguridad. “Cuando fui secretaria de Desarrollo Social inicié el programa Oportunidades, gracias a esto mejoraron las condiciones de vida de 24 millones de mexicanos”, dice Josefina Vázquez en uno de sus spots. “Me comprometo con ustedes a que nuestro gobierno dará seguridad a las familias de México, tenemos experiencia, ya lo hicimos en el DF”, señala López Obrador en el propio, aunque fue precisamente ese renglón uno de los más cuestionados durante su administración como Jefe de Gobierno, en la cual se dieron hechos muy lamentables como el linchamiento de dos policías federales en San Juan Ixtayopan, de la delegación Tláhuac – del cual los medios dieron un seguimiento amarillista que incluyó en vivo, la salvaje golpiza que ocasionó la muerte a ambos agentes- que provocó la remoción de sus cargos al entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon y al comisionado de la Policía Federal Preventiva, José Luis Figueroa.

En los anuncios propagandísticos de Enrique Peña Nieto encontramos algo distinto. Su campaña no se basa en recordar directamente la realización de obras o acciones de gobierno durante su mandato en el Estado de México. La frase “Yo sí cumplo” lo encierra todo. No es necesario mencionar específicamente cada uno de los 608 compromisos realizados para expresarles a los ciudadanos el trabajo desempeñado. Tácitamente, Peña Nieto da mayores muestras de trabajo y menos de polémica que sus oponentes. Es precisamente por eso que el ataque del panismo va dirigido ahí, para poner en duda la veracidad de las acciones de gobierno y la palabra misma del abanderado priista.

Personalmente, me consta la realización de algunos de esos compromisos, como el Hospital Materno Infantil de Chimalhuacán, con una infraestructura de 60 camas, 8 consultorios, 3 quirófanos, 2 salas de expulsión neonatal, cuneros y área de terapia intensiva,  entre otras áreas de especialidades médicas, que fue entregado a la población el 20 de julio de 2011.

En todo caso, habrá que recordar que la estructuración de la propaganda política y del “mensaje deseado”, es decisión de las agencias especialistas en marketing, quienes utilizan frases perfectamente planeadas para hipnotizar hasta al individuo más aislado, convirtiéndolo en parte de una multitud que reacciona primero como espectador y después como elector.

No hay en las campañas pronunciamientos concretos acerca de cómo resolver cuestiones fundamentales para el país, como lo es la pobreza y el desempleo; no hay debate de ideas, sino meras confrontaciones que se parecen más a una telenovela, en la que se exalta una visión maniquea: “yo soy el bueno y los otros, los que me agreden, son los malos”, o bien “él es el malo, por eso se justifica mi agresión”.

La lucha preelectoral se convierte así en una lucha de significaciones mediáticas, en conceptos planos concebidos a base de la repetición de un mensaje para “posicionarse” en el elector.

El adagio bíblico: “por sus frutos los conoceréis” aplica redondo en este caso. Pero fanáticos no faltan.

Ante la pobreza, ¿qué le queda por hacer al pueblo?

Mucha gente pensó que a partir del uno de enero del año pasado, fecha en que Mario López Valdez asumió la gubernatura de Sinaloa, las cosas iban a ser mejores. Durante su campaña, el ex alcalde de Ahome y ex Senador de la República, hizo promesas que atrajeron la simpatía del electorado, por su justeza incuestionable y por las necesidades específicas del estado. Pero una vez más, el dedo con atole.

Hay una falta de correspondencia entre las promesas de aquellos días y las acciones de hoy en que la pobreza en la entidad rebasa, según cifras  oficiales, el millón de seres humanos –aunque otros estudios indican que son más de 2 millones 150 mil sinaloenses pobres-.

Como botón de muestra, la paciente espera de maestros, estudiantes, solicitantes de vivienda, habitantes de colonias populares y campesinos pobres de los municipios de Culiacán, Guasave, Mocorito, Choix, Ahome y el Fuerte, agrupados en el Movimiento Antorchista, quienes, desde el inicio de la actual administración estatal, han solicitado una audiencia con el mandatario para que se solucionen viejos problemas de obras y servicios, sin embargo, hasta el momento no han recibido siquiera la posibilidad de la entrevista.

Se trata de peticiones elementales y nada onerosas, como la compra de terrenos para que 400 familias de Culiacán, Guasave y Los Mochis, puedan contar con una vivienda propia. Esta petición no tiene un costo para el erario, ya que se trata de créditos que los beneficiarios pagan a través de programas del Instituto Estatal de Vivienda.

Se pide también que se realicen obras de electrificación en dos preparatorias de Culiacán y El Fuerte, que en conjunto alojan a más de 700 estudiantes. Muchos de ellos aún toman clases en aulas provisionales de lámina y madera, otros tienen que soportar las elevadas temperaturas que en días de verano llegan a superar los 50 grados Celsius.

En ambos casos, las obras requieren solamente de dos cosas: una pequeñísima inversión para instalar transformadores que soporten la carga eléctrica propia de una escuela y la voluntad de los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y Cultura para resolver el problema. Nada más.

Una de las dos variables que en los estudios –oficiales e independientes- determinan el aspecto cuantitativo de la pobreza es la cantidad de carencias que padecen los ciudadanos en lo que se refiere a salud, educación, seguridad, vivienda y servicios básicos (agua potable, drenaje, pavimentación, electricidad). A esto se enfocan las peticiones para que el gobierno del estado realice obras de infraestructura en colonias populares y comunidades rurales e indígenas.

¿Qué le queda a la gente por hacer ante su condición de desposeído, sin un techo donde alojar a su familia, o sin agua, o con agua pestilente y contaminada como la que sale de las tomas domiciliarias en comunidades de El Fuerte, Guasave y Mocorito? ¿Qué les queda por hacer a los que tienen años padeciendo rezagos sociales por mala atención de gobiernos mediocres? La única arma que tiene el pueblo es la protesta pública. Por eso, y después de innumerables gestiones, pláticas y citas con funcionarios sin que se den visos de solución, los antorchistas de Sinaloa mantenemos un plantón desde el pasado día 16 de febrero, a las afueras del Palacio de Gobierno, para exigir que se resuelvan nuestros problemas.

La medición de la eficacia de un gobierno de cualquier nivel, está en la solución de este tipo de problemas, que son los que más afectan a los ciudadanos. Un gobierno sensible e inteligente estaría enfocado a mejorar el nivel de vida de quienes menos tienen, sobre todo al conocer las estadísticas de pobreza. Urgen soluciones, pero el gobierno de Mario López Valdez, a 14 meses de haber iniciado, todavía no empieza a resolver nada.

Otra vez las heladas afectan a los pobres de Sinaloa

Un panorama negro se avecina para a los pobres de México debido a las consecuencias de las bajas temperaturas que se registraron en los últimos días de 2011 y en los primeros días del presente año, en varios estados del país  y que afectaron la producción de maíz y frijol.  El paisaje de miles de hectáreas de cosechas “quemadas” por el frío trae consigo la pérdida inmediata del empleo de miles de jornaleros agrícolas en el estado productor de alimentos más importante del país. En Sinaloa, la afectación fue a unas 13 mil hectáreas sembradas, más concretamente en los municipios del norte de la entidad: El Fuerte, Choix, Ahome, Guasave y Sinaloa de Leyva, pero además, en Sinaloa se dejarán sin sembrar 100 mil hectáreas de maíz en el ciclo otoño invierno, que se traducirán en más carestía y más desempleo.

El cuadro es todavía más oscuro, cuando vemos que todos los niveles de gobierno quedan rebasados por el problema. Como antecedente que demuestra esto están las insuficientes acciones realizadas tanto por el gobierno federal como estatal el año pasado, cuando se perdió gran parte de la producción por las heladas de febrero: El Programa de Empleo Temporal Emergente (PETE), aplicado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), no respondió a la realidad de Sinaloa, que requería este apoyo para al menos 400 mil jornaleros. En teoría, sólo se benefició a 175 mil. Y digo en teoría porque recibí testimonios de la mala aplicación de esos recursos a favor de personas que directamente no tienen nada que ver con el campo o la producción. También recibí quejas de que tales recursos fueron dirigidos muchas veces a los dueños de las empresas agrícolas, con lo que deberían pagar tres semanas de “jornales” (término que se aplicó para no denominarlo como salario), pero al final, los trabajadores sólo recibieron lo correspondiente al apoyo de dos semanas, habiendo trabajado tres. Es decir, se utilizaron recursos para apoyar a empresarios que no tuvieron pérdidas y que además se quedaron descaradamente con al menos una tercera parte del apoyo que debía ser destinado a los jornaleros, un robo descarado.

En resumen, ni la federación ni el estado han demostrado capacidad para atender el problema concreto de los jornaleros, que es la falta de empleo, y tampoco garantizan honradez en el manejo de los recursos.

Lo más grave que, ante la eminente caída de la producción de los dos principales alimentos de los mexicanos (entre 30 y 50 por ciento, según estimaciones oficiales) los precios de estos se elevarán considerablemente. El primer golpe fue casi inmediato: el aumento del precio del kilo de tortilla de 13 a 14 pesos (hasta 17 pesos en algunos estados del país, precio que se traduce en más de una cuarta parte del salario mínimo) y el frijol de 20 hasta los 28 pesos por kilo. Y apenas es el comienzo de la escalada, ya que, ante la escases que se prevé por la sequía y la eminente exportación del grano, los grandes productores nacionales de maíz están buscando el aumento del precio en más de mil pesos por tonelada, aumento que, aunado al incremento de los precios de los combustibles generará necesariamente una nueva alza a la tortilla.

Es necesario que se apliquen cambios de fondo en la política económica del país, no solamente medidas temporales con efecto de mejoralito como Procampo o el Oportunidades, sino con la inyección de recursos al campo, en proyectos productivos con recursos y asesorías, que se generen más empleos y bien pagados, que se desarrolle la infraestructura en las comunidades. Urge activar la economía del campo, si no queremos ver reproducidas por todo el país las condiciones de miseria y hambruna que  parecen los habitantes de la Sierra Tarahumara.

Sobre la pobreza en Sinaloa

Todos los días nos encontramos en la prensa noticias que son síntomas de un serio aumento de la pobreza: deserción en las escuelas, miles de jóvenes que carecen de oportunidades de trabajo o estudio, huelgas en busca de mejores condiciones laborales, aumento en los precios de la canasta básica y en general de todas las mercancías, desempleo y un crecimiento generalizado de la delincuencia y otros fenómenos sociales que, indudablemente, tienen su origen en la miseria en que sobreviven millones de mexicanos.

 Las cifras oficiales, divulgadas recientemente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), revelan que, de 2008 a 2010, la pobreza en México se incrementó en 3.2 millones de personas, con lo que se reconocen 52 millones de pobres en el país; de ese estudio se desprende que en el estado de Sinaloa, el número de pobres aumentó de 886 mil a un millón de personas, (es decir, del 32.5% al 36.5% de la población total). Sin embargo, la metodología de investigación seguida por ese organismo fue cuestionada por el Investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, Julio Boltvinik, ya que en el estudio del Coneval se consideran pobres únicamente a quienes tienen algún tipo de carencia social (educación, salud, seguridad, vivienda) y además tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir, los dos parámetros juntos. Mientras aquellas personas que solamente tienen alguna de las carencias enlistadas se reconocen con el término de “vulnerables”; como también lo son quienes, sin tener carencias, perciben un ingreso inferior a la línea mínima de bienestar.

 Tomando en cuenta el método de Boltvinik, que considera que no hay una distinción entre las familias que están dentro de alguna de estas categorías o ambas, por lo tanto todos son pobres, lo que eleva la estadística nacional hasta 90.8 millones de seres humanos, pero distingue pobreza extrema y pobreza moderada. Con este método, en Sinaloa, el número de pobres sería más del doble de lo que la oficialidad reconoce: 77.8% de la población total del estado viviendo en algún grado de pobreza, lo que se traduce, en números cerrados, en 2 millones 150 mil personas.

Este crecimiento de la pobreza tiene dos vertientes. Por una parte el aspecto económico: el número de pobres aumenta porque el salario real que percibe un obrero o un empleado medio es cada vez más bajo.

Como ejemplo, el 1 de diciembre de 2006, el precio de la tortilla era de 7.00 pesos. Cuatro años y ocho meses después, este producto básico en la alimentación de los mexicanos ha aumentado casi al 100%. El 1 de enero de 2007, el salario mínimo en la Zona C, que incluye a Sinaloa, era de 47.60 pesos; el salario mínimo vigente en 2011 es de 56 pesos con 70 centavos, que representa apenas un 19% de aumento en el mismo lapso. Es decir, en 2006, un salario mínimo podía comprar 6.8 kilogramos de tortilla; en 2011, el minisalario sólo alcanza para comprar 4.2 kilogramos, a razón de 13.50 pesos.

La otra vertiente es que el número de pobres aumenta porque padecen el olvido oficial. No hay una política enfocada a dignificar la calidad de vida de quienes menos tienen: millones de mexicanos son excluidos del ámbito productivo al tener una elevadísima tasa de desempleo, 6.36%,  según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo más reciente (2° trimestre de 2011); la política educativa rechaza anualmente a cientos de miles de jóvenes que no pueden ingresar a las universidades o al bachillerato, amén de aquellos que desertan de los diversos niveles por razones económicas; y la falta de servicios básicos, de salud y de vivienda en las ciudades pero con más énfasis en las zonas rurales; en fin, los pobres de Sinaloa y de todo México padecen de la desatención e insensibilidad de quienes, desde la función pública, deberían construir condiciones de mayor equidad social.

Recientemente se dio a conocer también que Sinaloa tiene un rezago educativo del 30%, es decir, tres de cada diez sinaloenses tienen inconclusos sus estudios de primaria o secundaria o de plano no saben leer ni escribir.

Con estas son cifras de pobreza en la entidad, ¿por qué el gobierno se sorprende que haya tantos jóvenes involucrados en actividades ilícitas, como matones, como “burros” (transportistas de droga), como cultivadores, fabricantes y vendedores de estupefacientes?. ¿Por qué el gobierno se sorprende de que los jóvenes prefieran irse con el bando que les ofrece dinero fácil, camionetas lujosas, armas y poder en vez de con ese gobierno que los margina y que a sus comunidades las tiene sin escuelas, sin servicios médicos, sin agua potable, mucho menos sistemas de drenaje y alcantarillado, muchas veces sin electricidad y otra lista larga de carencias?

En cambio, en el mismo periodo 2008-2010, los empresarios más ricos de México aumentaron sus fortunas exponencialmente. Apenas en marzo pasado, la revista Forbes dio a conocer que el hombre más rico del planeta, Carlos Slim Helú, posee una fortuna de 74 mil millones de dólares. Tan sólo en el último año, el magnate incrementó su riqueza en 20.5 mil millones de dólares, más del 40% en relación a lo que ya tenía el año anterior.

¿Por qué es posible tal contraste entre abundancia y marginación? ¿Qué es lo que permite que en un mismo país haya un hombre que acumule 20.5 mil millones de dólares y por otro lado millones de seres humanos que apenas sobreviven con menos de 22 mil pesos al año? La respuesta está en el modelo económico, en la injusta e inequitativa repartición de la riqueza nacional.

Urge una nueva política a favor de los que menos tienen, un modelo económico que asegure mayor equidad. Y este debe provenir de quienes padecen y por lo mismo conocen los problemas: la clase trabajadora, organizada y educada políticamente. Esa es la tarea que Antorcha se ha echado a cuestas.

En Sinaloa se requiere una política de vivienda a favor de los trabajadores

Juan Carlos Balderas C.

*Vocero estatal del Movimiento Antorchista en Sinaloa

“Voy a cumplirle a los sinaloenses”, “No más casas de cartón”, “Mi gobierno va a ofrecer vivienda digna a la población de más escasos recursos económicos”. Son algunas de las frases utilizadas por el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, durante su campaña electoral. En el papel, estos compromisos hablan de cierta sensibilidad del mandatario ante uno de los problemas que más aquejan a los habitantes de las ciudades de Sinaloa: la falta de vivienda.

Los datos parecieran no ser mayúsculos si nos constreñimos a revisar superficialmente los datos recientemente dados a conocer del Censo 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). De acuerdo a esto, en Sinaloa hay 2 millones 767 mil 761 habitantes y 713 mil 296 viviendas habitadas, es decir, un 3.8 de promedio de habitantes por vivienda. Sin embargo, el verdadero rezago se percibe en el hacinamiento. Familias que viven en casas de uno o dos cuartos, es decir, que utilizan los mismos espacios para dormitorio, cocina, sala y en muchos casos también como baño. Más de 145 mil viviendas, es decir, el 20 por ciento del total de viviendas de la entidad, padecen esta situación. Y qué decir de la falta de servicios. Como ejemplo, el mismo INEGI nos da el dato de que en Sinaloa hay poco más de 52 mil viviendas con piso de tierra.

Son más reveladores los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que define a la  pobreza de patrimonio como la población que cuenta con el ingreso suficiente para cubrir sus necesidades mínimas de alimentación, educación y salud, pero que no les permite adquirir los mínimos aceptables de vivienda, vestido, calzado y transporte, para cada uno de los miembros del hogar. Al 2008, el 44.2% de la población del estado (1 millón 152 mil 087 habitantes) se enlistaba en este aspecto de la pobreza. De acuerdo a los mismos datos, en general, en los 18 municipios de Sinaloa, la pobreza de patrimonio es superior al 31%. En 5 municipios (Cosalá, Sinaloa de Leyva, Mazatlán, El Rosario y Choix) se presentan casos extremos con índices mayores al 65%. Curiosamente, los últimos dos mandatarios estatales son originarios de dos de estos municipios.

CONEVAL también revela que en Sinaloa hay 390 mil personas con rezago en la calidad y espacios de vivienda, que representan el 14.6 por ciento, además de 440 mil personas que carecen de servicios básicos (electricidad, agua potable, drenaje), lo que representa un 16.5 de los sinaloenses. Partiendo de esa realidad, la promesa del gobernador Mario López Valdez para dignificar la vivienda  y “cumplirles a los sinaloenses” implicará un esfuerzo extraordinario de recursos durante los 6 años de su gestión, y una voluntad inquebrantable para mantener esa política.

Pero, como muchas veces ocurre, algunos integrantes del gabinete no orientan sus acciones en el sentido que lo indica el jefe del ejecutivo, y en ocasiones hasta lo contradicen. Ejemplo de esto es el incumplimiento que han padecido 300 familias antorchistas quienes, desde el 2007 han solicitado al Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa (INVIES) que los incluya en sus programas de créditos blandos para la compra de lotes en las ciudades de Culiacán y Los Mochis. La demanda no ha prosperado por falta de voluntad de los funcionarios. Es cierto que esto involucra más tiempo a quienes fueron los anteriores directores del INVIES, con el gobierno de Jesús Aguilar Padilla. Pero el titular en la presente administración, Jaime Romero Barrera, lejos de atender el compromiso con la responsabilidad del cargo que ostenta y como representante del gobierno estatal, sólo ha dado largas a los solicitantes y hasta ha negado la existencia de recursos ya destinados para adquirir un predio al sur de la capital del estado.

¿Por qué aún con el compromiso del gobernador de trabajar para una mejoría sustancial en materia de vivienda, no se cumple este compromiso, que además no implica una inversión onerosa, sino más bien modesta?. Desde mi punto de vista, se trata de la falta de una política de vivienda que considere a los trabajadores, a los obreros, a las madres solteras, a los empleados de esas tiendas comerciales donde los salarios son bajísimos y no alcanzan para pagar una casa de interés social, como es la propuesta del gobierno para abatir este rezago.

Tampoco será posible resolver el problema si hay falta de voluntad, como es el caso del director del INVIES. Es necesario que se lleven a cabo medidas factibles, a las que los auténticos trabajadores de escasos recursos puedan tener acceso. Esa es la forma en que el gobernador podrá cumplir su palabra.

Día Internacional de la Mujer

Juan Carlos Balderas C.

Vocero Estatal de Antorcha

El mundo celebra hoy el Día Internacional de la Mujer, establecido por la Organización de las Naciones Unidas desde 1975, con motivo de conmemorar la muerte de 129 mujeres obreras que perecieron en un trágico incendio ocurrido en 1908 en la fábrica textil Cotton de Nueva York, luego de encerrarse en su centro de trabajo como una forma de protesta por los abusos patronales y en busca de mejores condiciones laborales.

Este episodio forma parte del capítulo de la historia en el que la mujer está directamente vinculada al trabajo, pero con algunas restricciones que hoy en día se han suprimido. Durante siglos, el género femenino sólo era admitido para procrear, cuidar a los hijos y la casa sin ser consideradas para tomar ningún tipo de decisiones tanto dentro de la familia como en la sociedad civil.

Pero, ¿cuál es el origen de esta condición desigual?, ¿en qué momento se parte la historia dividiendo a hombres y mujeres? Los estudios de antropología realizados por Lewis Henry Morgan, detallados en su libro The Ancient Society (La Sociedad Antigua), nos llevan a recordar la época en que los hombres vivían en tribus nómadas, en la que los lazos consanguíneos sólo eran reconocidos hacia la mujer, es decir, a las madres, época que algunos historiadores llaman matriarcado, “el estudio de la historia primitiva nos revela un estado de cosas en que los hombres practican la poligamia y sus mujeres la poliandria y que, por consiguiente, los hijos de unos y otros se consideran comunes”. El matriarcado no era, por tanto, como algunos lo conciben, la época en que las mujeres dominaban o tenían el poder político, pero tampoco era la época en que las mujeres vivieran condiciones de desigualdad en relación con el sexo masculino, pues, además de tener los hijos, desarrollaban tareas productivas sencillas como la recolección de frutos para contribuir en la alimentación de la tribu.

La necesidad de mayores cantidades de alimento, a la par del conocimiento empírico de la naturaleza, acumulado durante siglos, hizo al hombre descubrir la agricultura, por vez primera el ser humano desarrolla técnicas para hacer producir la tierra, con ello surge el oficio de agricultor, el más antiguo del mundo. Ese descubrimiento hace al hombre sedentario, que ya no tiene la necesidad de recorrer grandes distancias en tribu para encontrar alimentos que se limitaban a la caza de animales y la recolección de frutos silvestres. Pero para vivir en un solo lugar y usufructuar el producto de la tierra, era necesario crear una figura que protegiera el territorio recién habitado.

Paralelamente a la propiedad privada de la tierra, el hombre creó el Estado, como figura legal que garantizara la armonía entre los poseedores de dicha propiedad, y que además castigara a quienes pretendieran violentarla. Las luchas entre tribus por la propiedad de la tierra se desarrollaron durante muchos años y tuvieron como consecuencia una etapa histórica conocida como el esclavismo. Era sencillo, los ganadores poseían la tierra, los perdedores eran despojados y obligados a trabajar como esclavos. Hasta ese momento no existía la familia con la estructura que conocemos hoy en día, y sobre todo porque las mujeres seguían siendo colectivas. Pero la propiedad privada de la tierra y de las herramientas para trabajarla (medios de producción), trae consigo la necesidad de heredar. Esa necesidad de transmitir generacionalmente la propiedad privada acumulada lleva a la creación del matrimonio en colectivo, sin embargo, éste sufrió modificaciones de tal especie que el círculo comprendido en la unión conyugal común, que era muy amplio en su origen, se estrecha poco a poco hasta que, por último, ya no comprende sino la pareja aislada que predomina hoy, de manera tal que el hombre pudiera tener la certeza de que, a quienes hereda sus bienes, serían sus descendientes consanguíneos. (De ahí la palabra patrimonio, porque los bienes son transmitidos por el padre.)

Una de las injusticias que ha padecido la mujer a lo largo de la historia, es el abuso sexual, que comienza por el comercio carnal.  Federico Engels, en su libro “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, destaca los estudios de Morgan cuando explica el heterismo como “el comercio extra conyugal, existente junto a la monogamia, de los hombres con mujeres no casadas (…) El heterismo es una institución social como otra cualquiera y mantiene la antigua libertad sexual en provecho de los hombres. De hecho no sólo es tolerado, sino practicado libremente, sobre todo por las clases dominantes, repruébase la palabra. Pero en realidad, esta reprobación nunca va dirigida contra los hombres que la practican, sino solamente contra las mujeres; a éstas se les desprecia y se les rechaza, para proclamar con eso una vez más, como ley fundamental de la sociedad, la supremacía absoluta del hombre sobre el sexo femenino”.

Este dominio continuó por siglos, el hombre seguía viendo en la mujer un simple objeto sexual, con más obligaciones que derechos. Esta situación de abuso y discriminación se padecía desde el seno familiar, por lo que su extensión hacia el resto de la sociedad era una consecuencia lógica. Precisamente esa condición de abuso fue la que generó una nueva modalidad de familia moderna encabezada por una mujer, madres solteras y divorciadas ante esa necesidad básica que es la de sobrevivir, la mujer se ha ido abriendo paso primero en el campo de lo laboral y de educación y como consecuencia en todos los demás. Hoy en día, hablar de la equidad de género es tema común del que muchos hombres compartimos su sentido justiciero.

La mujer jugó durante mucho tiempo el papel de esclava, a pesar de la abolición de ésta; por ello, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, los antorchistas reconocemos en nuestras compañeras de lucha su decidido aporte a la construcción de la sociedad, valoramos su inmensa ternura, creatividad, capacidad de trabajo, inteligencia y contribución al logro de las transformación de nuestra sociedad. El mundo de hoy no pudiera existir con sus significativos avances técnicos, científicos, sin la contribución del ser que complementa al hombre en cada una de sus realizaciones, con aciertos y desaciertos. Sin la mujer no hay vida, alegrías ni satisfacciones.